La Unión Europea y naciones europeas individuales están apoyando y financiando operaciones agresivas por parte de gobiernos en el norte de África para detener a decenas de miles de inmigrantes cada año y arrojarlos en zonas remotas, a menudo desiertos áridos.
Esto según una investigación de un año realizada por The Washigton Post, Lighthouse Reports y un consorcio de medios de comunicación internacionales.
Los datos recabados y entrevistas revelaron que se utilizaron fondos europeos para capacitar personal y comprar equipos para unidades implicadas en vertederos en el desierto.
Los inmigrantes son obligados a regresar a las zonas más inhóspitas del norte de África, exponiéndolos al abandono sin comida ni agua, al secuestro, a la extorsión, a la venta de bienes humanos, a la tortura, a la violencia sexual y, en los peores casos, a la muerte.
La investigación, centrada en Túnez, Marruecos y Mauritania, tres países con algunas de las asociaciones más profundas de la UE, constituye el intento más completo hasta el momento de documentar el conocimiento y la participación europea en las operaciones antiinmigrantes en el norte de África.
Se basa en observaciones de primera mano de periodistas, análisis de evidencia visual, mapeo geoespacial, documentos internos de la UE y entrevistas con 50 inmigrantes que fueron víctimas de vertederos, así como con funcionarios europeos y norteafricanos y otras personas familiarizadas con las operaciones.
Los funcionarios europeos mantuvieron discusiones internas sobre algunas de las prácticas abusivas desde al menos 2019, y fueron denunciados en informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Frontex, la agencia fronteriza de la UE.
Abuso de inmigrantes por parte de países norafricanos y la UE
La UE, según sus propias leyes y tratados internacionales, está obligada a garantizar que sus fondos se gasten de manera que respeten los derechos humanos fundamentales. Pero la Comisión Europea, el poder ejecutivo del bloque, admitió que no se realizan evaluaciones de derechos humanos cuando se financian proyectos de gestión de inmigrantes en el extranjero.
Entre 2015 y 2021, la UE proporcionó más de 400 millones de euros a Túnez, Marruecos y Mauritania en el marco de su mayor fondo de migración, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, una iniciativa para fomentar el crecimiento económico local y frenar la migración.
Además, la UE financió docenas de otros proyectos que son difíciles de cuantificar y rastrear debido a la falta de transparencia en el sistema de financiación de la UE.
Para hacer frente a un aumento de la inmigración irregular el año pasado, Europa profundizó sus asociaciones en el norte de África, ofreciendo 105 millones de euros adicionales a Túnez el año pasado y firmando un acuerdo en febrero con Mauritania para proporcionar 210 millones de euros adicionales.
Las fuerzas de seguridad españolas en Mauritania fotografiaron y revisaron listas de inmigrantes antes de ser conducidos a Malí contra su voluntad y abandonados a vagar durante días en una zona donde operan grupos islamistas violentos, según testimonios y documentos.
En Mauritania, Marruecos y Túnez, vehículos de la misma marca y modelo que los proporcionados por los países europeos a las fuerzas de seguridad locales detuvieron a inmigrantes negros en las calles o los transportaron desde centros de detención a regiones remotas, según imágenes filmadas, imágenes verificadas, testimonios de inmigrantes y entrevistas con funcionarios.
Vehículos utilizados para deportar a inmigrantes en Mauritania fueron comprados con fondos españoles
Muchos vehículos utilizados por las autoridades mauritanas para detener y deportar inmigrantes fueron comprados con fondos españoles, según un alto funcionario europeo que habló bajo condición de anonimato para discutir un tema delicado.
Los periodistas en el terreno filmaron camionetas Toyota entrando y saliendo de los centros de detención que eran de la misma marca y modelo que las licitadas por la agencia española de desarrollo FIIAPP y el Ministerio del Interior español.
Entre ellas se incluyen las camionetas Toyota Hilux suministradas por España en 2019 con el propósito declarado de ser utilizadas por las autoridades mauritanas para combatir la “migración ilegal”, según las licitaciones.
