La Corte Suprema falló este jueves unánimemente a favor de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), permitiendo a la organización seguir adelante con su demanda por coacción ilegal contra un antiguo funcionario del estado de Nueva York.
Esta sentencia se centra en las alegaciones de que los derechos de la Primera Enmienda de la NRA fueron infringidos por las acciones llevadas a cabo por Maria Vullo, la exsuperintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.
La NRA afirmó que Vullo presionó ilegalmente a compañías de seguros e instituciones financieras para que rompieran lazos con el grupo de defensa de los derechos de las armas, violando así sus derechos de libertad de expresión.
El caso vuelve ahora a los tribunales inferiores, donde Vullo puede hacer valer su defensa en virtud de la inmunidad cualificada, que protege a los funcionarios públicos de la responsabilidad si sus acciones no fueron claramente establecidas como inconstitucionales en su momento.
Corte Suprema respalda a la NRA
La jueza Sonia Sotomayor, que escribió para el tribunal, enfatizó que los funcionarios del gobierno no pueden coaccionar a las partes privadas para que silencien o castiguen las opiniones que el gobierno desaprueba.
"Los funcionarios del gobierno no pueden intentar coaccionar a los privados para castigar o suprimir opiniones que el gobierno desaprueba", escribió Sotomayor en nombre del tribunal en el fallo del jueves.
El Tribunal consideró que la NRA había presentado una alegación plausible de que Vullo había incurrido en tal coacción.
La batalla legal de la NRA comenzó con una demanda de 2018 centrada en una investigación de la oficina de Vullo sobre las compañías de seguros asociadas con la NRA.
Esta investigación siguió al trágico tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida, que se saldó con 17 víctimas mortales. Vullo instó posteriormente a las instituciones financieras a reevaluar sus vínculos con grupos afiliados a la defensa de los derechos de las armas.
La defensa de Vullo
El equipo legal de Vullo sostiene que sus acciones estaban dentro de los derechos de un funcionario del gobierno para alentar a las empresas a considerar los riesgos de reputación.
Su abogado, Neal Katyal, afirmó con confianza que la inmunidad cualificada acabaría por reivindicarla.
"La señora Vullo no violó los derechos de nadie de la Primera Enmienda. La señora Vullo hizo cumplir la ley de seguros contra violaciones admitidas por parte de las entidades de seguros", añadió.
Afirmó que las cartas que Vullo envió a las compañías eran herramientas estándar utilizadas por los reguladores para informar y asesorar a las entidades que supervisan.
La decisión del Tribunal Supremo subraya el delicado equilibrio entre las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales y la protección de los derechos de libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda.
La jueza Sotomayor aclaró que el fallo no concede a los grupos de defensa inmunidad frente al escrutinio gubernamental ni impide que los funcionarios cuestionen con vehemencia los puntos de vista a los que se oponen.
La NRA y la ACLU
Este caso también marca una alianza poco común entre la NRA y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), conocida por su apoyo a las causas liberales.
La ACLU intervino para ayudar a la NRA, destacando los principios fundamentales de la Primera Enmienda que estaban en juego. La colaboración subraya las implicaciones más amplias del caso para los derechos de libertad de expresión en todo el espectro político.
Aunque la sentencia del Tribunal Supremo permite a la NRA continuar su batalla legal, el resultado final sigue siendo incierto. La resolución dependerá de si la defensa de inmunidad cualificada de Vullo se sostiene en los tribunales inferiores.
A medida que avance este caso, servirá como momento crucial en el diálogo en curso sobre los límites del poder gubernamental y la inviolabilidad de la libertad de expresión en Estados Unidos.
