La administración Biden esta planeando cerrar este verano el centro de detención de ICE en Dilley, Texas, como parte de una estrategia para reasignar fondos y expandir la capacidad general de detención.
Esta decisión se enmarca en el contexto de la intensificación de las operaciones de ICE para cumplir con las nuevas restricciones fronterizas implementadas en Estados Unidos.
En un memorando dirigido a los legisladores estadounidenses, ICE comunicó su plan de cerrar el centro de detención en Dilley, liberando así recursos financieros para aumentar el espacio de camas de detención en otros lugares.
Esta medida se enmarca en las políticas impulsadas por el presidente Biden, quien recientemente prohibió a la mayoría de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera solicitar asilo.
Esta nueva prohibición tiene como objetivo agilizar el proceso de deportación, lo que podría generar una mayor demanda en los centros de detención de ICE.
Hasta la fecha de junio, ICE mantenía bajo custodia a unas 37.000 personas, cerca de su capacidad máxima financiada de 41.500, según cifras oficiales.
El cierre de la instalación de Dilley en Texas permitirá la reasignación de recursos para agregar 1.600 camas adicionales, conforme detalló ICE en el memorando revisado por Reuters y confirmado posteriormente en un comunicado de prensa.
Impacto del cierre de la instalación de Dilley
El Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, operado por la empresa privada CoreCivic, fue inaugurado en 2014 para albergar a familias de inmigrantes interceptadas cruzando ilegalmente la frontera.
Este centro, que retenía alrededor de 1.800 personas hasta junio, mayoritariamente mujeres sin antecedentes penales, fue identificado previamente en un memorando interno como un centro con altos costos, lo que llevó a la recomendación de cerrarlo o reducir su tamaño.
ICE destacó que Dilley era "el centro más costoso de la red nacional de detención", y se espera que el cierre del mismo permita un ahorro significativo en los recursos del servicio.
Además, la agencia también está buscando optimizar sus contratos con aerolíneas chárter para potencialmente aumentar el número de vuelos de deportación por semana, como parte de sus esfuerzos para mantener la seguridad y eficiencia en sus operaciones.
