El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó al Departamento de Policía de Phoenix de malos tratos a los latinos y a comunidades de minorías.
En la demanda, el DOJ señala que la policía de Phoenix violó repetidamente los derechos de las personas latinas, negras y nativoamericanas con el uso de fuerza excesiva y letal contra estas comunidades minoritarias.
Según el DOJ, existe un patrón generalizado de abusos en el seno de la policía de Phoenix, que incluye la detención ilegal de personas sin hogar y la destrucción de sus pertenencias personales.
La investigación descubrió "fallos generalizados" dentro del departamento, que ocultaron estos problemas por muchos años. Ciertas leyes, especialmente las relativas a delitos menores y relacionados con las drogas, se aplicaban con más dureza a los individuos negros, hispanos y nativos americanos que a los blancos.
Una investigación del DOJ contra la policía de Phoenix por malos tratos a latinos
Los investigadores observaron que la policía de Phoenix emplea "tácticas peligrosas" que conducen a un uso innecesario e irrazonable de la fuerza.
Lo que debes saber: los resultados de la investigación demuestran fallos sistémicos dentro del departamento. El DOJ exigió reformas de manera urgente.
El Departamento de Policía de Phoenix no dio una respuesta inmediata a estas conclusiones. Sin embargo, el fiscal general Merrick Garland se pronunció sobre el tema.
Reformas al Departamento de Policía de Phoenix
"Este informe es un paso importante hacia la responsabilidad y la transparencia". Garland aseguró que se está trabajando con la ciudad de Phoenix y su departamento de policía para aplicar reformas significativas.
En la lupa: los cambios propuestos por el Departamento de Justicia pretenden proteger los derechos civiles de los residentes de Phoenix y reforzar la confianza entre la policía y la comunidad.
Por otro lado, Kristen Clarke, Fiscal General Adjunta, declaró que este es el primer informe del DOJ que aborda el maltrato a los nativos americanos y a las personas sin hogar.
"Los derechos constitucionales de una persona no se ven mermados por su situación en materia de vivienda", expuso el informe, destacando la necesidad de defender la dignidad y los derechos de las personas sin hogar.
Las conclusiones del DOJ también revelaron el uso indebido de la fuerza contra personas esposadas acusadas de delitos menores. Los agentes recurren a menudo a la fuerza no letal para acelerar las resoluciones, incluso cuando no hay un intento significativo de desescalar las situaciones, como indica el informe.
