Este jueves, el juez Sean Lane del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York indicó que podría reconsiderar su decisión de desestimar el caso de bancarrota de Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, debido a que no pagó alguno de los gastos de sus acreedores, que serían clave en el caso.
Inicialmente, el juez Lane se inclinó por desestimar la petición de quiebra de Giuliani porque este no presentó documentos financieros esenciales. A pesar de varias órdenes judiciales, el exabogado de Trump no las cumplió, según explica NBC News.
Lo que debemos saber: el juez Lane señaló que los gastos administrativos impagados complican legalmente una simple desestimación.
Si el tribunal desestima el caso, dos antiguos trabajadores electorales de Georgia podrían cobrar un veredicto de $146 millones contra Giuliani. El veredicto se deriva de declaraciones difamatorias que Giuliani hizo después de las elecciones de 2020.
¿Qué propone el juez Lane sobre el caso de bancarrota de Giuliani?
Giulani propuso permitir a los contables de los acreedores colocar un gravamen sobre su apartamento de Nueva York, que puso a la venta. Este gravamen garantizaría el pago de los honorarios una vez que el apartamento se vendiera.
Sin embargo, Lane mencionó las dificultades para evaluar el estado financiero de Giuliani debido a la falta de transparencia.
Lane discutió la posibilidad de una audiencia para aclarar las finanzas de Giuliani, que podría incluir la divulgación de documentos y testimonios jurados. Este enfoque podría asemejarse a esfuerzos anteriores que fracasaron en su intento de aclarar la situación financiera de Giuliani.
Otra opción implica continuar con el proceso de quiebra y nombrar a un fideicomisario.
Lo destacado: el fideicomisario administraría los activos de Giuliani, potencialmente vendiendo propiedades como el apartamento de Nueva York para pagar las deudas. El juez invitó a todas las partes, incluido Giuliani, a presentar sus puntos de vista antes del miércoles.
El caso de difamación contra el exabogado de Trump
Las principales demandantes en el caso, las extrabajadoras electorales de Georgia Ruby Freeman y su hija Wandrea "Shaye" Moss, mantienen importantes reclamaciones contra Giuliani en el caso de difamación.
Su indemnización de $146 millones se produjo tras la decisión de un jurado en su demanda por difamación después de que Giuliani las acusara falsamente de fraude electoral.
Giuliani se declaró en quiebra en diciembre, poco después del veredicto. Hasta el jueves por la noche, un representante de Giuliani no había respondido a las solicitudes de comentarios.
La decisión de la juez Lane sobre si desestimar o continuar el caso podría sentar un precedente en el manejo de la transparencia financiera y los pagos a los acreedores en asuntos de quiebra.
