Las estafas a través de plataformas de pago como Zelle se han convertido en una preocupación creciente para los consumidores. La falta de protección al consumidor en este tipo de transacciones ha llevado a un aumento en la presión sobre los legisladores para abordar esta problemática y ofrecer soluciones más efectivas.
En 2023, los consumidores reportaron pérdidas por un total de 210 millones de dólares debido a estafas en aplicaciones y servicios de pago, lo que representa un incremento del 62 % en comparación con hace dos años, según información de fuentes federales.
Las pérdidas relacionadas con fraudes en transferencias bancarias y pagos alcanzaron casi 1900 millones de dólares, con un aumento de cerca del 150 % en ese mismo lapso.
Recuperar el dinero enviado a los estafadores es a menudo un proceso complicado para los consumidores. En particular, los grandes bancos que operan Zelle son conocidos por reembolsar "raramente" a los clientes que han sido víctimas de engaños, según un estudio reciente llevado a cabo por el Senado.
Se cocina un proyecto de ley sobre estafas en Zelle
Ante esta situación, los demócratas en el Congreso están trabajando en una nueva legislación destinada a finalizar las estafas de pago, buscando cerrar las lagunas existentes en las leyes actuales.
Sin embargo, esta propuesta podría enfrentar resistencia por parte de la industria bancaria y tiene perspectivas inciertas de aprobación en una Cámara controlada por los republicanos.
Los proyectos de ley, impulsados este jueves por la representante Maxine Waters en la Cámara de Representantes y los senadores Richard Blumenthal y Elizabeth Warren en el Senado, buscan brindar protección a los consumidores que son víctimas de estafas al realizar pagos a delincuentes a través de Zelle, Venmo y otras plataformas.
La legislación abarcaría todas las plataformas de pagos entre pares, aunque los informes y audiencias recientes se han centrado en Zelle, que es el principal actor en este sector en expansión.
“En este momento, la mayoría de las transacciones con Zelle son instantáneas e irreversibles, lo que es una receta para el desastre. Zelle y los grandes bancos que lo poseen saben que esta velocidad y conveniencia convierten a los consumidores en un blanco para los estafadores que los engañan para quitarles el dinero que ganaron con tanto esfuerzo”, comentó Blumenthal a CNN en una entrevista telefónica.
En el año pasado, los consumidores y pequeñas empresas realizaron pagos por un total de 806 mil millones de dólares a través de Zelle, lo que representó un aumento del 28% con respecto a 2022.
A finales del año pasado, Zelle informó que los estadounidenses estaban enviando más de 100 millones de dólares por hora en su plataforma.
Sin embargo, según una investigación presentada la semana pasada por el Subcomité Permanente de Investigaciones de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, presidida por Blumenthal, solo el 12% de los consumidores recibió reembolsos el año pasado por pagos en Zelle que fueron denunciados como estafas.
De acuerdo al informe, JPMorgan, Wells Fargo y Bank of America rechazaron un total de 560 millones de dólares en disputas relacionadas con fraudes entre 2021 y 2023.
¿Qué exigirá la legislación?
Un inconveniente es que la legislación actual no establece de manera clara que los bancos deben reembolsar a los clientes que realizan transacciones inducidas por estafadores. Como resultado, los clientes que son engañados para enviar dinero a fraudes suelen no tener suerte en recuperar sus fondos.
Por ejemplo, Zelle indica que, aunque los clientes que experimentan actividades no autorizadas "generalmente" pueden recuperar su dinero, las víctimas de estafas podrían no tener esta misma suerte.
“Incluso si te engañaron o te persuadieron para que autorizaras un pago por un bien o servicio que alguien dijo que te iba a proporcionar, pero no lo hizo, esto se consideraría una estafa. Como autorizaste el pago, es posible que no puedas recuperar tu dinero”, dice Zelle en su sitio web.
La Ley de Transferencia Electrónica de Fondos de 1978 (EFTA) solo protege a los consumidores frente a transferencias no autorizadas, como las que involucran tarjetas de crédito robadas.
La nueva legislación busca subsanar vacíos en la EFTA para proteger a los consumidores de responsabilidades cuando son víctimas de fraudes y autorizan transferencias a estafadores.
La propuesta también eliminaría una exención para las transferencias bancarias, permitiendo que los bancos de las víctimas recuperen el dinero de aquellos que reciben los fondos fraudulentos.
