El acuerdo de privatización de los parquímetros de Chicago en 2008 ha llevado a la ciudad a enfrentarse a un posible golpe financiero de 120.7 millones de dólares en medio de continuas disputas legales, reseña Chicago Sun Times.
Esta situación surgió a raíz de las medidas adoptadas durante la pandemia bajo la administración de la ex alcaldesa Lori Lightfoot. Presentado inicialmente como un alivio fiscal de 1.160 millones de dólares para Chicago, el acuerdo ha sido muy beneficioso para los inversores privados, generando 150.9 millones de dólares sólo el año pasado. Sin embargo, los intentos de la ciudad por mitigar los pagos de "compensación" parecen haber resultado contraproducentes, según el reciente fallo de un árbitro independiente.
El director del proyecto, Ben Davidson, desarrolló un plan durante la pandemia para reclamar y devolver estratégicamente varias plazas de aparcamiento, con la esperanza de mejorar la posición financiera de la ciudad. Al reclamar 4.007 plazas de aparcamiento pero devolver sólo 2.646, la ciudad mantuvo 1.361 plazas bajo su control. Esta táctica pretendía maximizar las ganancias financieras y reducir los pagos a Chicago Parking Meters LLC (CPM), el operador privado.
Sin embargo, CPM no respondió bien a esta maniobra. Las cartas intercambiadas entre el director general de CPM, Dennis Pedrelli, y la ciudad señalaban riesgos significativos, entre ellos el perjuicio económico para el concesionario y la reducción del valor de mercado de la concesión. A pesar de las advertencias, la administración Lightfoot siguió adelante, lo que condujo a un arbitraje en el que CPM reclamó pérdidas por valor de 321,5 millones de dólares. El perito de la ciudad reconoció 120,7 millones en pérdidas, cifra que el árbitro acabó respaldando.
A pesar del fallo, la directora financiera de la ciudad, Jill Jaworski, mantiene la esperanza y sugiere que otras medidas paliativas podrían atenuar el impacto financiero. Ambas partes se dirigen ahora a un tasador externo para determinar un acuerdo definitivo.
En una declaración oficial, Jaworski afirmó que las acciones emprendidas estaban dentro de los márgenes contractuales, señalando la intención de la ciudad de defender su posición bajo un nuevo liderazgo. El ex alcalde Lightfoot también defendió las decisiones de la administración en la época de la pandemia, haciendo hincapié en las prioridades de salud pública como la limpieza de las carreteras alrededor de los hospitales.
Criticando la inflexibilidad de CPM durante la crisis, Lightfoot declaró: "En su avaricia, no ofrecieron ningún acomodo", indicando que el arbitraje era inevitable. Joe Ferguson, presidente de la Federación Cívica, remarcó que el acuerdo original sobre los contadores prestaba un mal servicio a los habitantes de Chicago, lo que hacía previsible el apuro actual. Se abstuvo de culpar a Lightfoot, reconociendo la complejidad de la situación pero señalando lo mucho que está en juego desde el punto de vista financiero y operativo.
A pesar de las turbulencias, Chicago Parking Meters LLC ha obtenido importantes beneficios de su inversión, con unos ingresos que ascendieron a 150,9 millones de dólares el año pasado, frente a los 140,4 millones de 2022.
El arrendamiento de los parquímetros sigue siendo un asunto polémico desde su aprobación durante el mandato del ex alcalde Richard M. Daley. Las subidas iniciales de las tarifas, de 3 a 6,50 dólares por hora en el centro de la ciudad, provocaron la reacción del público, incluidos actos vandálicos y boicots. Aunque los ingresos se estabilizaron con el tiempo, la pandemia introdujo nuevos retos financieros.
