La participación pública en las audiencias presupuestarias de Philadelphia Gas Works (PGW) dominó una reciente reunión en la que las normas propuestas suscitaron un intenso debate sobre la transparencia y la participación de la comunidad, reseña Whyy.
Estas nuevas normas permitirían los comentarios del público durante las audiencias presupuestarias y permitirían los testimonios por escrito sobre el presupuesto propuesto. Sin embargo, los defensores de la participación pública sostienen que estas medidas se quedan cortas, ya que la participación más impactante se produce antes de que finalicen las propuestas presupuestarias.
Los funcionarios municipales afirman que la nueva propuesta pretende mejorar la eficacia de las audiencias de la Comisión del Gas manteniendo al mismo tiempo la participación pública. Afirman que el reglamento, si se aprueba, es legal y se hará cumplir. La Comisión del Gas afirmó que las nuevas normas se crearon con la aportación del Departamento Jurídico de la ciudad para normalizar los procedimientos presupuestarios respetando los derechos del público.
Steven Greenspan, un contribuyente de PGW y miembro de POWER Interfaith, se opuso firmemente a la propuesta, afirmando: "Se trata de aislar a PGW del escrutinio público. El cambio climático se está acelerando, pero su impacto puede reducirse si trabajamos juntos'. Sus sentimientos reflejan temores más amplios de limitar la intervención pública cuando la acción contra el cambio climático es crucial.
Históricamente, durante los procesos presupuestarios de la PGW, las partes participantes podían solicitar pruebas, presentar testigos expertos y contrainterrogar a los representantes de la PGW. Muchos defensores coinciden en que esta fase procesal es más influyente que los pocos minutos de testimonio individual permitidos en las audiencias públicas. La Comisión del Gas y el Departamento Jurídico de la ciudad supervisan estos procedimientos, y el Ayuntamiento tiene la última palabra sobre las recomendaciones de la Comisión.
Los miembros del Consejo Municipal, encabezados por el concejal O'Rourke, enviaron una carta la semana pasada instando a la Comisión del Gas a rechazar el reglamento. Argumentaron que la participación abierta es esencial para mantener la transparencia y la confianza en los servicios públicos, especialmente en medio de decisiones críticas para el medio ambiente y la salud pública. La carta recibió el apoyo de diez miembros del Ayuntamiento, lo que pone de manifiesto la amplia preocupación por restringir la participación pública.
'Los servicios públicos tienen claramente un amplio impacto en el público', subrayó el concejal O'Rourke a los comisionados. 'Como alguien preocupado por el deslizamiento de la democracia, aplaudo la política actual que permite a los grupos que representan a los contribuyentes hacer preguntas punzantes sobre el presupuesto y la visión de PGW.'
La interventora municipal Christy Brady, la única comisionada del gas que habló directamente sobre el asunto, señaló la ausencia de normas de gobernanza en el funcionamiento de la Comisión. Subrayó que tanto las voces públicas como las de los sindicatos deberían formar parte del proceso, rebatiendo las sugerencias de que la aportación pública es irrelevante.
Para explicar la necesidad de las nuevas normas, la comisaria Royal Brown relató los caóticos procesos presupuestarios del pasado, con plazos incumplidos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Rob Ballenger, en representación de los intereses de los contribuyentes, rebatió la afirmación de Brown. Argumentó que el último presupuesto incumplido se produjo en 2018, antes de la amplia intervención pública de grupos como POWER, y calificó el proceso de manejable con información precisa de PGW.
Tras la polémica reunión, Ballenger consideró la decisión de la Comisión de aplazar la votación como una "victoria". POWER indicó que si la propuesta sigue adelante, podrían impugnarla ante los tribunales.
En un movimiento que complació a los activistas climáticos, la Comisión del Gas denegó la solicitud de PGW de 2 millones de dólares para contratar a un consultor para sustituir su planta de licuefacción de gas natural. Esta decisión refleja el impulso actual para abandonar los combustibles fósiles y abordar el cambio climático a nivel comunitario.
