Numerosas universidades, entre ellas varias ubicadas en el área de Washington D.C., están reaccionando a las políticas de la administración Trump.
Los rectores de instituciones como la University of Maryland, University of Virginia, George Washington University, American University y Trinity Washington University han firmado una carta en la que expresan su desacuerdo con lo que consideran una "extralimitación gubernamental y una interferencia política sin precedentes que actualmente representan una amenaza para la educación superior en los Estados Unidos".
"Como líderes de las universidades y sociedades académicas estadounidenses, nos pronunciamos unánimemente contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ponen en peligro la educación superior estadounidense. Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a la supervisión gubernamental legítima. Sin embargo, debemos oponernos a la intromisión indebida del gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestros campus. Siempre buscaremos prácticas financieras eficaces y justas, pero debemos rechazar el uso coercitivo de los fondos públicos para la investigación", dice parte de la carta publicada el 22 de abril.
Lynn Pasquerella, dirigente de la Asociación Americana de Facultades y Universidades, señaló a WTOP cómo la politización de las asignaciones de fondos de investigación socava una labor académica crucial. “La politización de los fondos de investigación ha imposibilitado la realización de investigaciones que salvan vidas”, subrayó Pasquerella.
Las universidades reconocen la necesidad de cierta supervisión gubernamental, pero argumentan que las acciones recientes sobrepasan los límites legales. “Nos oponemos a la violación de lo que el Tribunal Supremo ha esbozado como las libertades básicas de los colegios y universidades estadounidenses”, agregó Pasquerella.
Estas libertades incluyen prerrogativas clave relativas a las admisiones, las decisiones sobre el plan de estudios y la selección de instructores.
Esta acción unificada es más que una protesta; es un llamamiento para preservar los principios de la libertad académica. La carta, ampliamente respaldada, aboga por un 'compromiso constructivo' y subraya la importancia del diálogo para fomentar marcos educativos sólidos y defender los ideales democráticos.
"El precio de limitar las libertades que definen la educación superior estadounidense lo pagarán nuestros estudiantes y nuestra sociedad. En nombre de nuestros estudiantes actuales y futuros, y de todos los que trabajan y se benefician de nuestras instituciones, exigimos un compromiso constructivo que mejore nuestras instituciones y sirva a nuestra república", finaliza la carta.
