El próximo 15 de mayo, la Corte Suprema escuchará el caso Trump v. CASA, y aunque todo suena a un debate sobre si se puede o no quitar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos, en realidad el fondo del caso parece ser otro.
Sí, el intento del presidente de cambiar el derecho constitucional al “jus soli” es grave y, como han dicho varios jueces, claramente inconstitucional. Pero lo que está en juego no es solo eso: es quién puede frenar decisiones presidenciales a nivel nacional, y cómo. Y ese detalle tiene más peso del que parece.
Desde hace algunos años, los jueces federales han emitido lo que se llaman injunctions o medidas cautelares que aplican a todo el país. Si un juez declara que una orden ejecutiva es ilegal, puede detenerla, no solo para quienes presentaron la demanda.
Pero esto ha creado tensiones entre poderes y también desigualdad política: lo que se permite bloquear a un presidente, no siempre se le permite al otro. ¿Es justo que una sola persona pueda congelar políticas nacionales para todos, o se está abusando de esa herramienta?
Ahí es donde la Corte entra con su lupa. Porque aunque Trump haya perdido el primer asalto —sus abogados ni siquiera intentan defender su orden de quitar ciudadanía—, quieren limitar hasta dónde puede llegar el bloqueo. Si ganan, el poder de los jueces federales se recortaría, y eso le abriría la puerta a un presidente para aplicar medidas incluso cuando otro juez ya las declaró ilegales… al menos hasta que otro tribunal superior decida lo contrario. Eso puede sonar técnico, pero afecta directamente a la capacidad de respuesta frente a abusos de poder.
Aunque este caso en particular sí parece justificar una medida nacional (porque afecta a miles de personas y sería inviable aplicarlo solo a algunos), la Corte podría estar usando este ejemplo para sentar un precedente más general.
Uno que limite el uso de las “injunctions” en el futuro. Así que lo que se dice es que este caso va sobre ciudadanía. Pero lo que no se dice tan alto es que también es una pelea por el alcance del poder judicial frente al ejecutivo. Y eso, gane quien gane, nos afecta a todos.
