Agentes federales arrestaron a 189 personas en Washington DC durante una redada migratoria masiva que duró cuatro días, del 6 al 9 de mayo. Esta acción formó parte de la directiva “Make D.C. Safe and Beautiful” del presidente Donald Trump, y marcó el primer operativo grande tras su orden ejecutiva de marzo, que creó una fuerza especial para intensificar la vigilancia migratoria, desalojar campamentos de personas sin hogar y endurecer castigos por delitos menores.
Seis agencias federales actuaron juntas
La redada comenzó el martes 6 de mayo e incluyó a al menos seis agencias federales, entre ellas ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, la ATF y los Servicios de Seguridad Diplomática, según el Departamento de Justicia.
Axios informó que el Departamento no detalló las ubicaciones exactas de los arrestos, pero confirmó que el operativo coincidió con visitas de ICE a más de 100 negocios locales, donde entregaron órdenes de inspección para revisar documentos I-9, que certifican la elegibilidad laboral.
¿Dónde estuvo la policía local?
El primer comunicado del Departamento de Justicia incluyó al Departamento de Policía Metropolitana (MPD) como parte del operativo. Sin embargo, horas después editaron esa información y eliminaron toda mención al MPD.
La vocera de la alcaldesa Muriel Bowser, Susana Castillo, aclaró: “MPD no participó en esa operación”. La propia alcaldesa dijo a medios locales: “Parece que ICE apareció en restaurantes o incluso en vecindarios, y no parece que estén buscando criminales, así que están generando interrupciones”.
Solo una parte tenía historial delictivo
En una conferencia de prensa el martes 13, el entonces fiscal federal Ed Martin explicó que casi una docena de los detenidos tenía antecedentes penales, pero aclaró: “La mayoría enfrentaba asuntos administrativos”.
El Departamento de Justicia señaló que al menos cuatro personas tenían historiales por posesión de drogas o agresiones, y mencionó tatuajes relacionados con pandillas como parte de la justificación para arrestos. Sin embargo, no entregaron registros que probaran esas acusaciones.
Críticas a los criterios del operativo
Activistas y expertos cuestionaron el enfoque del operativo. Abel Núñez, director ejecutivo del Central American Resource Center (CARECEN), lo describió como un acto de intimidación.
“No buscan solo arrestos. Buscan interrumpir la vida diaria, crear miedo y provocar que la gente se auto-deporte”, dijo a Axios.
Núñez explicó que las auditorías I-9 normalmente siguen un proceso administrativo: las autoridades envían notificaciones y los negocios responden. Esta vez, los agentes entraron a restaurantes durante horas pico, armados y con equipamiento táctico.
“Van con todo el equipo para entregar una carta”, afirmó. En restaurantes como Millie’s, en el vecindario exclusivo de Spring Valley, llegaron armados para exigir documentos. Un grupo restaurantero con 25 años en la ciudad confirmó que nunca había enfrentado una auditoría así.
Las comunidades ya se organizan
Frente al miedo y la desinformación que dejó el operativo, varias organizaciones locales comenzaron a reforzar entrenamientos legales y estrategias de defensa comunitaria. Grupos como CARECEN, CASA y African Communities Together ya habían activado redes de apoyo y recursos multilingües antes de la redada. Líderes comunitarios y religiosos también llamaron a la unidad.
Estas organizaciones ponen a disposición recursos en línea, como guías en múltiples idiomas, para ayudar a la comunidad a prepararse y protegerse ante situaciones de emergencia. Puedes encontrarlas en las siguientes páginas web: wearecasa.org, bit.ly/migrant-resources-dmv y NILC Guide for Employers.
Trump presiona con deportaciones “voluntarias”
Este nuevo operativo también encaja con la estrategia de autodeportación promovida por la administración Trump. Ahora, ofrecen transporte gratuito y pagos de hasta $1,000 a personas que acepten salir voluntariamente. Pero según Núñez, los casos reales de personas que aceptaron esa oferta son “muy pocos”.
Además, expertos en pandillas han criticado el uso de tatuajes como evidencia de afiliación criminal, al considerarlos poco confiables. Una investigación reciente de 60 Minutes reveló que tres de cada cuatro migrantes venezolanos deportados a El Salvador no tenían antecedentes.
@tiemponews ¿Tus tatuajes pueden ser motivo de deportación? 🚨 250 venezolanos fueron enviados a CECOT en El Salvador bajo una ley de 1798. Solo 6 tenían cargos.
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Debate sobre políticas de inmigración
Ed Martin criticó abiertamente la condición de DC como ciudad santuario, responsabilizando esas políticas por lo que describió como "la parálisis de la aplicación de la ley". Incluso sugirió que se elimine el estatus de autogobierno en la capital si obstaculiza la ejecución intensiva de las leyes federales. "Es momento de tener una discusión seria sobre el sistema de justicia en DC y su impacto en la seguridad pública", argumentó el exfiscal.
Mientras tanto, activistas y líderes comunitarios denunciaron que esta operación busca infundir miedo y desestabilizar a la fuerza laboral inmigrante de la ciudad. CARECEN y otras organizaciones locales trabajaron para brindar capacitaciones sobre derechos legales y estrategias de protección para combatir el clima de incertidumbre que estas acciones han generado.
