Cuando juzgar también se vuelve un delito

La jueza Hannah Dugan, de Wisconsin, fue acusada formalmente por un jurado federal de ayudar a un inmigrante a evadir a agentes de ICE dentro de su propia corte. De ser hallada culpable, enfrenta hasta seis años de prisión. Según los fiscales, Dugan habría guiado al acusado —un hombre con antecedentes de deportación y cargos recientes por violencia doméstica— por una puerta trasera reservada para personal judicial, mientras los agentes esperaban en el pasillo.

Pero más allá del hecho legal, el juicio parece una advertencia: si eres juez y desafías las reglas migratorias federales, no solo arriesgas tu criterio… también tu libertad.

No es la primera vez que pasa. En 2019, una jueza de Massachusetts fue acusada de conducta similar: ayudó, presuntamente, a un inmigrante a escapar por la puerta trasera de su juzgado para evitar ser arrestado por ICE. Ese caso terminó siendo desestimado por falta de pruebas suficientes, pero el mensaje quedó: cuando la judicatura se interpone entre la política migratoria y un arresto, puede terminar enfrentando cargos federales. No es solo una batalla legal, es una lucha de poder entre instituciones.

La administración Trump ha convertido estos casos en ejemplo público. Oficialmente, lo que está en juego es el respeto por el estado de derecho. Pero en la práctica, lo que se castiga es cualquier resistencia, incluso cuando esa resistencia viene desde un estrado judicial. ¿Es proteger a un acusado una violación legal o un acto de humanidad? La línea entre una cosa y la otra se está haciendo cada vez más delgada… y más peligrosa.

Lo que no se dice, pero se siente, es que estos procesos están diseñados para crear un efecto dominó: menos jueces dispuestos a cuestionar, menos margen para aplicar criterio, más miedo de actuar con independencia. Si este patrón se mantiene, el próximo titular ya está escrito: menos justicia y más vigilancia en los tribunales.