Parece que temporal en Estados Unidos significa hasta que cambie el presidente. La Corte Suprema le abrió la puerta a la administración para quitarle las protecciones migratorias a miles de venezolanos. El programa de TPS, creado precisamente para ofrecer respiro a personas huyendo de crisis humanitarias, se volvió esta semana otro campo de batalla político disfrazado de tecnicismo legal.
Un limbo legal. El gobierno argumenta que es una cuestión de seguridad nacional, los defensores de inmigrantes que, simplemente, es una estrategia más para endurecer el sistema migratorio. Y mientras tanto, cientos de miles de familias se encuentran en el limbo, con un estatus legal que ya no lo es, comunicados oficiales y órdenes sin explicaciones.
- La Corte Suprema autorizó que se elimine el TPS para 350,000 venezolanos, una decisión sin explicación escrita y de impacto inmediato. El máximo tribunal del país levantó la orden de un juez federal que bloqueaba la revocación del programa bajo el argumento de que podía estar motivada por prejuicios.
- Aunque el caso sigue abierto en tribunales inferiores, esta decisión permite que la administración comience a retirar de forma inmediata las protecciones legales, incluyendo permisos de trabajo. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en disentir públicamente. El fallo deja a cientos de miles de personas en un limbo migratorio y económico. Muchos de ellos podrían quedar expuestos a procesos de deportación en cuestión de semanas.
- La medida fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien revocó las designaciones de 2023 y busca también anular las extensiones aprobadas bajo Biden. El TPS permite que personas de países con crisis humanitarias puedan residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
- Noem canceló el estatus para 350,000 venezolanos que se beneficiaron de la última designación hecha por la administración Biden, y ahora apunta a revertir también las extensiones otorgadas a otros 250,000 que recibieron el TPS en 2021. Aunque reconoció que las condiciones en Venezuela no han mejorado, argumentó que el programa ha sido abusado. La incertidumbre aumenta para quienes pensaban estar protegidos hasta octubre de 2026.
- Esta decisión tiene un peso político en estados clave como Florida, donde vive una gran comunidad venezolana. Más de 175,000 beneficiarios del TPS se encuentran en ese estado, lo que convierte esta medida en un posible detonante electoral. El TPS se ha vuelto un símbolo del debate entre una política migratoria humanitaria y otra centrada en control y seguridad.
Más allá de lo legal, la decisión de la Corte Suprema marca un giro simbólico —y práctico— en la manera en que Estados Unidos decide a quién acoge y por cuánto tiempo. Este es un recordatorio incómodo de lo frágil que puede ser el estatus legal en un sistema que aún no termina de decidir si la inmigración es un problema a contener o una realidad que debe gestionarse con visión a largo plazo.
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