La Casa Blanca está interpretando el habeas corpus con 🌈 imaginación 🌈. Primero fue el asesor, Stephen Miller, quien aseguró que Trump podría suspender el mecanismo para inmigrantes acusados de vínculos con el Tren de Aragua.
Y ayer fue la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, tras afirmar que habeas corpus es el derecho que tiene el presidente de deportar a quien quiera. Ni una, ni la otra: la Constitución establece que solo el Congreso puede suspenderlo, y únicamente en casos de rebelión o invasión.
La Corte Suprema, por su parte, exigió que los detenidos tengan “un plazo razonable” para presentar un recurso antes de ser deportados, reafirmando así la vigencia del recurso.
Una herramienta clave en casos migratorios. El habeas corpus ha sido usado por abogados de inmigración para impugnar detenciones arbitrarias, incluso cuando ICE mantiene bajo custodia a personas sin causa legal.
Casos como el de Rümeysa Öztürk, liberada por orden judicial tras no hallarse pruebas en su contra, muestran su impacto concreto. No decide si alguien puede quedarse en EEUU, pero evita que esa persona esté meses presa sin justificación, mientras su proceso migratorio avanza.
Más que un tecnicismo legal. Llamarlo “The Great Writ” no es una exageración: el habeas corpus es un freno al poder estatal de encerrar sin razones válidas. Intentar suspenderlo bajo el argumento de una “invasión migratoria” no solo ignora el límite constitucional, sino que revive prácticas propias de regímenes autoritarios. En EEUU, su suspensión ha sido rarísima.
La discusión actual revela hasta qué punto pueden tensarse las instituciones cuando el discurso político erosiona derechos básicos.
