Legal, pero castigado: el precio de ser hijo de inmigrantes

Washington dice que esto es por el bien del contribuyente. Que el nuevo paquete fiscal busca que la prioridad sean los ciudadanos estadounidenses, los “de aquí”, los que tienen los papeles en regla. Lo que no se dice —o se dice bajito— es que los más afectados por estos recortes no son los inmigrantes “ilegales”, sino casi dos millones de niños estadounidenses cuyos padres no tienen un número de seguro social.

Entre los recortes está el Child Tax Credit, que dejaría fuera a familias donde el padre o madre declare impuestos con un ITIN (un número alternativo para no ciudadanos). También se restringen accesos a Medicaid, Medicare, subsidios de salud, asistencia alimentaria y becas estudiantiles. Aunque muchos de estos inmigrantes son refugiados, solicitantes de asilo o protegidos por TPS o DACA, el proyecto no hace distinciones. A la hora del recorte, todos cuentan como “otros”. 

La narrativa es familiar: proteger el presupuesto nacional evitando que los inmigrantes “se aprovechen del sistema”. Pero los datos no acompañan esa narrativa. Los no ciudadanos representan solo 3.5% del gasto en programas sociales, y muchos ni siquiera califican para la mayoría de ellos.

Lo que sí puede pasar, según expertos en política social, es que las familias eviten inscribirse en programas por miedo a ser rastreadas, quedándose fuera del sistema por precaución más que por ley.

Lo irónico es que los recortes, diseñados para proteger al ciudadano promedio, podrían terminar golpeando precisamente a esos ciudadanos: los hijos, parejas y padres nacidos en Estados Unidos que comparten hogar con algún inmigrante. 

Y mientras tanto, las agencias ya actúan como si esto fuera ley, aunque todavía falte pasar por el Senado. Se anticipan, cierran la llave, recortan préstamos y acaban con los programas. Lo que se discute en el Congreso tiene efectos mucho antes de que se firme.