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La remesa no se toca

FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a hablar duro contra el nuevo impuesto del 3.5% aprobado por el Congreso estadounidense a las remesas enviadas por migrantes. Desde San Luis Potosí, lo dijo claro: “Si hace falta, nos vamos a movilizar”. No es solo un gesto simbólico, sino una advertencia desde Palacio Nacional a Washington. Para millones de familias en México, esta tasa no es una línea más en un presupuesto: es un golpe directo a su única fuente de ingreso.

Pero más allá del discurso, hay cifras que dan contexto al enojo. México recibió casi $65,000 millones en remesas en 2024, más del 4% de su PIB. El nuevo impuesto podría costarle más de 2,600 millones al año, según estimaciones del Center for Global Development. Nadie pierde tanto como México. Pero el drama no se limita solo a ellos: países como El Salvador, Guatemala y República Dominicana también verán una caída que puede representar hasta el 1% de su economía.

Y eso no es todo. El impuesto no solo reduce el monto que llega: también cambia cómo llega. Expertos advierten que muchos migrantes podrían moverse hacia canales informales —fuera del sistema bancario— para evitar el cobro, lo que aumenta el riesgo de fraudes y pérdida de control financiero. Otros directamente mandarán menos. Según un estudio citado en el informe, por cada 1% que sube el costo de enviar dinero, la cantidad enviada cae 1,6%. Así de simple.

La lógica del impuesto —según la administración Trump— es que esto desincentivará la migración. Pero puede tener el efecto contrario: si las familias reciben menos apoyo desde EEUU, podrían verse obligadas a migrar, no a quedarse. Además, este tipo de medidas enturbia aún más la relación con una región que ya enfrenta recortes de ayuda extranjera, inflación y presiones económicas acumuladas.

¿Funciona el impuesto? Difícil. El gobierno estadounidense espera recaudar unos $940 millones al año, una cifra modesta comparada con los 2,500 millones en pérdidas que provocará en países de bajos y medianos ingresos. Una ganancia fiscal que huele más a castigo político que a política efectiva. Sheinbaum ya se prepara para pelearla con todo, y esta vez no será en una mesa de negociación: será en la plaza pública.

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