Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:
- La sección 70302 del proyecto de ley presupuestaria enviado al Congreso por el presidente DonaldTrump limita el poder de las cortes federales para hacer cumplir la Constitución u órdenes judiciales, según expertos.
- Expertos legales advierten que esta medida protegería a funcionarios del gobierno que incumplan órdenes judiciales, incluso aquellas emitidas antes de que entre en vigor el proyecto de ley presupuestaria.
- La disposición podría ser eliminada del proyecto de ley bajo la “regla Byrd” del Senado, que impide incluir medidas no relacionadas con propuestas presupuestarias.
Por Jonnathan Pulla de Factchequeado
Entre las 1082 páginas del proyecto de ley presupuestaria enviado al Congreso por el presidente Donald Trump, conocido como el “gran y hermoso proyecto de ley” (One Big Beautiful Bill, en inglés), se encuentra una disposición que, según expertos, limita el poder que tienen las cortes federales para cuestionar las acciones tomadas por el presidente, incluso si violan la Constitución.
Se trata de la “Sección 70302 Restricción a la Ejecución”, que en la página 544 del proyecto dice:
“Ningún tribunal de los Estados Unidos podrá hacer cumplir una citación por desacato (contempt) por incumplimiento de una orden judicial o de restricción temporal (injunction or temporary restraining order) si no se dio ninguna fianza cuando se emitió la orden judicial o la orden de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c), ya sea que se haya emitido antes, en o después de la fecha de promulgación de esta sección”. Es decir que, si no se solicitó un pago cuando se emitió una orden judicial, no se puede hacer cumplir una citación por desacato a esa orden.
Captura de pantalla de la sección 70302 del proyecto de ley One Big Beautiful Bill.
Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UC) Berkeley, escribió en su artículo titulado “Una idea terrible”, publicado el 19 de mayo de 2025 en la revista digital independiente y no partidista sobre derecho y políticas Just Security, que “no hay manera de entender esto excepto como una manera de evitar que la administración Trump se vea limitada cuando viola la Constitución o quebranta la ley de alguna otra manera”.
El Centro Legal de Campañas (Campaign Legal Center o CLC, por sus siglas en inglés), organización no partidista dedicada a promover “la democracia a través de la ley a nivel federal, estatal y local”, escribió el 22 de mayo de 2025 que la sección 70302 “restringiría severamente la autoridad de los tribunales federales para aclarar en desacato a funcionarios gubernamentales si violan órdenes judiciales”.
“La capacidad de un tribunal de declarar en desacato a malos actores es un poder de ejecución vital que los jueces pueden utilizar para obligar al cumplimiento de sus fallos”, añade CLC.
Sin embargo, la medida podría ser excluida bajo la “regla Byrd” del Senado, ya que “permite eliminar disposiciones que se considere que no tienen una consecuencia presupuestaria directa y, por lo tanto, no son necesarias para cumplir con los objetivos fiscales de la resolución”, según indicó el Centro de Política Bipartidista.
Qué diferencia a una orden judicial, una restricción temporal y una orden por desacato
De acuerdo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, una orden judicial (injunction, en inglés) “requiere que una persona realice o deje de realizar una acción específica”. Existen tres clases de injunctions: órdenes judiciales permanentes, órdenes de restricción temporales (TRO, por sus siglas en inglés) y órdenes judiciales preliminares.
Las TRO y las órdenes judiciales preliminares “pueden ser emitidas por un juez al principio de una demanda para impedir que el acusado continúe con sus acciones presuntamente dañinas”. Su emisión “queda a discreción del tribunal”. Sin embargo, la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c), que rigen las TRO y las órdenes judiciales preliminares, requiere que el solicitante o demandante pague una fianza (security) por una cantidad que el tribunal considere adecuado para cubrir los costos y daños sufridos por cualquier parte que se determine fue indebidamente restringida o sujeta a la orden.
No obstante, "las cortes federales rara vez” lo exigen, precisó Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley. Aquellos que solicitan este tipo de “órdenes judiciales generalmente no tienen los recursos para pagar una fianza (bond)” y “siempre se ha entendido que los tribunales pueden optar por fijar el depósito en efectivo en cero”, agregó.
El pago de una garantía no es requerido por parte de funcionarios y agencias estadounidenses, según la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.
Por otro lado, las órdenes judiciales permanentes se emiten como sentencia firme únicamente en casos en los que la indemnización económica no es suficiente. Estas son más comunes en casos sobre propiedad intelectual, derechos de autor o marcas registradas para hacer cumplir ciertas leyes o prohibir ciertas prácticas fraudulentas o desleales, según Bloomberg Law.
El incumplimiento de una orden judicial o injunction puede resultar en una citación por desacato o contempt. Las penas por desacato incluyen prisión y multas, según la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.
Cuando una persona “decide incumplir una orden judicial, el juez que emitió el fallo tiene algunas opciones para obligarlo a cumplir, incluyendo declararlo en desacato y emitir sanciones, multas o incluso penas de cárcel hasta que cumpla la orden”, detalla el Centro Legal de Campañas (CLC)
La sección 70302 invalidaría todas las órdenes judiciales en las que no se solicitaron fianzas
El lenguaje utilizado en el texto de esta medida (“ya sea que se haya emitido antes, en o después de la fecha de promulgación de esta sección”) aplicaría a todas las órdenes de restricción temporales (TRO), órdenes judiciales preliminares e, incluso, a las órdenes judiciales permanentes que se hayan emitido antes de que entre en vigor, agregaron Chemerinsky y el CLC.
Debido a que los tribunales federales rara vez han exigido el pago de una fianza, cientos de órdenes judiciales –que incluyen casos de antimonopolio, protección de información fiscal privada y reforma policial– quedarían sin posibilidad de hacerse cumplir, indicó Chemerinsky. Los jueces “podrían fijar estas fianzas en 1 dólar”, pero “todas las órdenes judiciales existentes que no exigían fianza quedarían inaplicables”, agregó.
La “regla Byrd” podría eliminar disposiciones de la propuesta presupuestaria, incluida la sección 70302
El proyecto presupuestario utiliza un procedimiento legislativo conocido como conciliación presupuestaria (budget reconciliation, en inglés) que permite al Congreso modificar leyes que regulan el gasto, ingresos y la carga pública con la aprobación una simple mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, según Congress.gov. Sin embargo, este procedimiento está limitado por varias normas, incluidas la “regla Byrd” del Senado estadounidense, según el Centro de Política Bipartidista
Nombrada por el exsenador demócrata de Estados Unidos, Robert Byrd, la “regla Byrd” permite la eliminación de disposiciones que se consideren que no tienen consecuencia presupuestaria directa e innecesarias para alcanzar los objetivos fiscales de la resolución. Según reportó Politico, otras disposiciones que podrían ser eliminadas del One Big Beautiful Bill incluyen la prohibición de regulaciones sobre la inteligencia artificial (IA) por un periodo de 10 años o la prohibición de fondos federales para Planned Parenthood, proveedor líder de atención de salud sexual y reproductiva en los EE. UU.
De acuerdo con el Centro de Política Bipartidista, pueden eliminarse bajo la “regla Byrd” las disposiciones que:
- no generan cambios en el gasto o los ingresos;
- aumentan el déficit más allá del período establecido por el marco presupuestario (generalmente 10 años);
- son “meramente incidentales” para lograr los objetivos presupuestarios; o
- modifican el programa de Seguro Social.
Para aplicarse la regla, un senador debe plantear “un punto de orden para impugnar cualquier disposición de un proyecto de ley de reconciliación que considere ajeno al ámbito presupuestario”. Luego, “la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough (2012-presente) asesora al presidente de la sesión” (el vicepresidente JD Vance) o, en ausencia de este, al presidente pro tempore (el senador Republicano por Iowa, Chuck Grassley) “sobre si la disposición está en violación” de la “regla Byrd”.
El presidente de la sesión usualmente toma una decisión acorde con la parlamentaria, y el pleno del Senado puede decidir si mantiene esa decisión. Revertir la decisión del presidente de la sesión requiere el voto de 60 senadores en caso de no existir ninguna vacante. Si se determina que una disposición es ajena a la conciliación presupuestaria, se elimina, pero eso no impide que el Senado continúe considerando el resto del proyecto de ley, según indica el Centro de Política Bipartidista.
Como antecedente, en febrero de 2021, Elizabeth MacDonough rechazó un intento demócrata de incluir un aumento del salario mínimo federal a 15 dólares por hora en el paquete de ayuda por el coronavirus conocido como el Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan) del entonces presidente Joe Biden.
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