El cambio climático nunca ha sido prioridad para la nueva administración y las grietas en los programas que luchan por salvar al medioambiente ya se están viendo: la Casa Blanca ya comenzó a revertir políticas ambientales clave en su afán por hacer más eficiente al gobierno, recortando programas de energías verdes.
La regla de 2009, por ejemplo, que obligaba a las grandes industrias a reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ayudó a que las emisiones de cuatro plantas de carbón en Indiana cayeran un 60% desde 2010. Pero esa regla está ahora en el bloque de corte: la EPA de Trump la califica de “costosa y onerosa” para la industria y planea eliminarla.
¿Las consecuencias? Un gran aumento de emisiones. ¿Por qué? Las empresas dejarían de rendir cuentas públicamente. La caída de emisiones en esos grandes contaminantes representó más del 75% de la reducción total de GEI en Estados Unidos desde 2010 por lo que su reversión sería un golpe importante contra la lucha climática.
Ya no más monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque sí.
Desde el gobierno, apuntan a los programas de monitoreo del aire y agua. Grupos comunitarios han instalado sus propios sensores precisamente porque muchos lugares carecen de información oficial.
Se calcula que alrededor del 40% del territorio de Estados Unidos no está cubierto por estaciones de monitoreo de la calidad del aire, esto suele incluir vecindarios pobres y rurales vulnerables. ¿El siguiente golpe? El gobierno busca recortar el financiamiento público para este monitoreo.
Planea retirar $500,000 destinados a instalar 40 sensores de calidad de aire en una comunidad de bajos ingresos en Charlotte, Carolina del Norte. CleanAIRE NC, un grupo ambiental local, ya demandó a la EPA por revocar esa subvención.
Al cancelar fondos y revocar subvenciones etiquetadas como programas de “DEI” (Diversidad, Equidad e Inclusión), el gobierno federal está dejando sin recursos a proyectos de ciencia ciudadana y justicia ambiental que protegen a las poblaciones más afectadas por la contaminación, como las comunidades latinas.
Los programas que han sido cancelados significarán mucho en la lucha contra el cambio climático que forjó la administración anterior.
- Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero: eliminado. Sin este registro público, no habría datos comparables de cuánto emiten industrias clave (plantas, refinerías, fábricas, vertederos), lo que complica monitorear avances climáticos.
- Monitoreos de calidad del aire y subvenciones de justicia ambiental: recortados o cancelados. La EPA canceló más de 400 subvenciones de justicia ambiental ($1.700 millones) y revocó fondos para instalar monitores comunitarios.
- Oficinas de la EPA: cerradas o desmanteladas. Se ordenó desmantelar la oficina de investigación científica (R&D) de la EPA, despedir a 1.155 científicos y recortar hasta 65% del presupuesto del organismo. También se cerró la Oficina de Justicia Ambiental y la de Cambio Climático y Salud, debilitando la capacidad de la agencia para hacer cumplir leyes ambientales y proteger comunidades vulnerables
No fue una sorpresa.
La desmantelación de las oficinas que luchan contra el cambio climático y promueven las energías verdes no fue sorpresa. Pero, las consecuencias sí lo serán y ya muchos republicanos están pidiendo salvar los créditos verdes.
¿Qué más está en riesgo? Cas todo (lo referente a medioambiente). Desde la Casa Blanca se busca vetar investigación científica (por ejemplo, estudios sobre los efectos acumulativos de contaminantes), eliminar la Oficina de Cumplimiento Ambiental (responsable de aplicar la Ley de Aire y Agua Limpios) y disolver la Oficina de Justicia Ambiental.
- Eliminar requisitos de reporte (GEI y costo social del carbono) que mantuvieron la transparencia de emisiones.
- Cancelar monitoreos y subsidios que protegen comunidades expuestas a la contaminación.
- Desmantelar estructuras internas de la EPA (investigación, cumplimiento y justicia ambiental) para paralizar la vigilancia y la aplicación de normas.
- Revertir inversiones climáticas apoyando la industria de combustibles fósiles y derogando leyes ambientales defendidas en los últimos años.
El efecto combinado sería un retroceso importante, con letra mayúscula, en los avances contra el cambio climático y la protección de la salud pública. “No podemos resolver el cambio climático sin saber cuánta contaminación están emitiendo las principales instalaciones y cómo está cambiando con el tiempo”, dijo Jeremy Symons, un exasesor climático sénior de la EPA que ahora trabaja en Environmental Protection Network, una organización de exfuncionarios de la EPA que monitorea las políticas ambientales.
Al eliminar los datos y programas de monitoreo, la administración busca blindar a las industrias contaminantes de cualquier responsabilidad, poniendo en riesgo el derecho básico de las comunidades a un medio ambiente limpio. ¿Justicia ambiental? Bien, gracias.
Organizaciones y comunidades se quedan sin recursos y con mucho en riesgo.
Los efectos de los recortes ambientales ya se están viendo: las comunidades vulnerables al cambios climático están perdiendo fondos esenciales que ayudaban a financiar iniciativas de justicia ambiental, diseñadas –especialmente para mitigar los efectos de la contaminación y otros peligros en la salud.
En datos. Las comunidades de color han estado expuestas de manera desproporcionada a refinerías y otras fuentes de contaminación. ¿La consecuencia? Un aumento de problemas de salud como asma, enfermedades cardiovasculares y una menor esperanza de vida.
Las comunidades de color han estado expuestas de forma desproporcionada a refinerías y otras fuentes de contaminación. La contaminación atmosférica se relaciona con asma, problemas cardiovasculares y una menor esperanza de vida.
La administración anterior había otorgado subvenciones para ayudar a corregir estos daños. ¿El objetivo? Priorizar la justicia ambiental y el cambio climático en distintas agencias federales.
El programa Justice40 tenía como objetivo invertir hasta el 40% de los beneficios federales apra el clima, la energía limpia, la vivienda y el agua potable en comunidades históricamente desatendidas. ¿La realidad ahorita? Gris.
Diana Hernandez, profesora asociada de ciencias sociomédicas en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, expresó:
“No entiendo cómo hemos llegado a demonizar la idea de que las personas merecen respirar aire limpio, beber agua limpia y tener acceso a entornos no contaminantes”.
Un futuro incierto.
La mayoría de los proyectos financiados con subvenciones tenían objetivos importantes que se están quedando en el limbo: incluían iniciativas de prevención del envenenamiento por plomo en niños, plantación de árboles, inversiones en energía solar y monitoreo del aire en la comunidad.
Hernández, quien ha luchado por muchos años para proteger a las comunidades vulnerables como las del sur del Bronx, en Nueva York, aseguró que, en esos lugares el aire está cargado de emisiones debido a la convergencia de múltiples factores.
“Los niños y adultos del Bronx tienen tasas más altas de visitas a urgencias por asma que los residentes de cualquier otro distrito de la ciudad de Nueva York”.
Las decisiones que se están tomando hoy no solo afectan al clima, sino a comunidades enteras: eliminar datos, cerrar oficinas y recortar fondos es retroceder décadas. El aire limpio, el agua potable y la justicia ambiental no deberían ser opcionales. Lo que está en juego va más allá de dinero: es salud, es vida, es futuro.
