"Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra política migratoria muy agresiva les está quitando trabajadores veteranos muy valiosos, y esos empleos son casi imposibles de reemplazar".
Con esas palabras, el presidente Trump dijo que vienen cambios para proteger a los trabajadores agrícolas y hoteleros inmigrantes. Que los necesita el campo y en la hostelería, que los quiere el país, que los criminales son otros. Pero mientras decía eso, los agentes de ICE estaban deteniendo jornaleros en dos granjas en California.
El campo tiembla, pero no por el clima: por los contrastes entre lo que se dice en público (para calmar las aguas) y lo que se ordena por debajo de la mesa.
En teoría, la política migratoria no ha cambiado. En la práctica, tampoco. Aunque la Casa Blanca quiere calmar a los empresarios agrícolas diciendo que va a proteger a los trabajadores del campo, nadie ha firmado un memorando. Y sin papeles no hay excepción: si estás en el país sin estatus legal, eres objetivo. Así de simple. Así de contradictorio.
Lo que hay es un equilibrio inestable: deportar lo suficiente, pero no tanto como para dejar al país sin trabajadores indispensables que recojan la cosecha, limpien los hoteles o procesen el pollo.
La disonancia es evidente. ¿Cómo se sostiene una narrativa antiinmigrante mientras el propio modelo económico se apoya en esas mismas personas? Con discursos ambiguos, cambios que no cambian nada, y muchos, muchos silencios.
¿Una doble moral? Sí. La que criminaliza en campaña, pero contrata en cosecha. La que exige orden, pero depende del desorden. La que promete proteger a los nuestros, mientras olvida que los nuestros —muchas veces— no están en las oficinas de Washington, sino en el campo, bajo el sol, sosteniendo una economía que no sabría funcionar sin ellos.
