Las recientes operaciones de deportación y redadas del ICE están comenzando a tener consecuencias palpables en el sector de la construcción. Los trabajadores inmigrantes -especialmente aquellos sin documentación legal- representan una proporción significativa de la mano de obra: entre 20 % y 40 % en estados como California, Texas, Utah y Florida.
Con cada redada, una parte considerable de esta fuerza laboral desaparece del terreno, obligando a proyectos a detenerse o aplazarse, y encareciendo drásticamente los costos.
El fenómeno ya es evidente en lugares como Florida y Texas. En Miami, por ejemplo, se reporta que las redadas han reducido la disponibilidad de trabajadores, aumentando demoras en viviendas y grandes obras.
En Texas, constructores advierten que hasta la mitad de la mano de obra podría desaparecer, lo que implicaría una paralización de proyectos de carreteras, escuelas y viviendas.
Los datos corroboran esta visión. Un estudio sobre el programa de deportaciones entre 2008 y 2013 mostró que, tres años después de iniciar esas medidas, en promedio cada condado estadounidense construyó casi 2.000 viviendas de menos, y los precios de los nuevos desarrollos aumentaron alrededor de 17–18 %.
En Utah, donde el 20 % de la fuerza laboral es inmigrante, los proyectos de “starter homes” se están encareciendo y atrasando.
El economista Trent Cotney, socio y co‑líder del área de construcción en el bufete Adams & Reese, ha señalado que las recientes redadas y deportaciones han tenido un impacto directo en los costos laborales del sector.
Según un artículo de Bisnow.
Cotney estima que los costos laborales podrían aumentar hasta un 25 % por la escasez provocada: muchos trabajadores, al verse en riesgo, dejan sus empleos o evitan trabajar, y esto genera presión al alza en salarios y beneficios.
Sumado a esto, la ansiedad generalizada entre los inmigrantes -incluyendo a quienes están legalmente autorizados- está provocando ausentismo, retrasos logísticos y aumentos en los costos de cumplimiento.
