Por Francisco Semião, cofundador y presidente National Salvadoran American Association (NSAA) y Carmen Elena Rodríguez, cofundadora y directora ejecutiva de NSAA
Durante un cuarto de siglo, las familias salvadoreñas han cumplido su parte con los Estados Unidos. Es hora de que el gobierno estadounidense haga la suya y defina el futuro de quienes han esperado demasiado tiempo.
Desde la designación inicial del Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2001 tras devastadores terremotos, miles de salvadoreños han construido vidas, comprado viviendas, establecido negocios y pagado sus impuestos. Han desarrollado su futuro en torno a una protección legal establecida por el propio gobierno estadounidense. Sin embargo, tras el vencimiento del 9 de septiembre de 2026, las familias permanecen en un limbo legal. Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indicó que las protecciones y permisos de trabajo siguen vigentes temporalmente a la espera de un anuncio, la continuidad provisional no sustituye a una extensión formal. Esta falta de certeza paraliza contrataciones, inversiones y planes familiares.
Como líderes de la National Salvadoran American Association (NSAA), consideramos que esto es un asunto de estabilidad económica, unidad familiar y política pública responsable. Según estimaciones de FWD.us, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan anualmente 5,400 millones de dólares a la economía estadounidense y pagan 1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. La suspensión de sus protecciones desestabilizaría industrias clave como la construcción, el transporte, la manufactura y los servicios, afectando también a sus hijos ciudadanos estadounidenses. Los empleadores no pueden reemplazar décadas de experiencia de la noche a la mañana, y las familias no pueden desarraigar un cuarto de siglo de vida de un momento a otro.
El 2 de septiembre frente al Capitolio, junto al representante Suhas Subramanyam (D-VA), pedimos una extensión inmediata de 18 meses para brindar alivio mientras se aprueba una solución legislativa duradera. Ya existen propuestas en el Congreso: el proyecto H.R. 10297 del representante Eugene Vindman (D-VA) propone la extensión inmediata de 18 meses, mientras que iniciativas como la Ley DIGNIDAD (H.R. 4393) de las representantes María Elvira Salazar (R-FL) y Verónica Escobar (D-TX), y la Ley de Sueño y Promesa (H.R. 1589) de la representante Sylvia García (D-TX), ofrecen vías hacia la residencia permanente. Sin embargo, las propuestas pendientes no otorgan estatus legal hasta convertirse en ley, y las familias no pueden depender únicamente de proyectos en trámite.
La rendición de cuentas también debe llegar al Caucus Congresional sobre El Salvador (Congressional El Salvador Caucus), copresidido por los representantes Anna Paulina Luna (R-FL) y Vicente Gonzalez (D-TX). Su misión de fortalecer los lazos bilaterales debe traducirse también en un compromiso público y acciones conjuntas a favor de los beneficiarios del TPS. Ante las elecciones intermedias del 3 de noviembre, los miembros de este grupo deben explicar públicamente qué acciones colectivas tomarán para proteger a esta comunidad. El trabajo individual de algunos legisladores es valioso, pero no reemplaza el liderazgo colectivo de un grupo creado específicamente para velar por esta relación bilateral.
Reconocemos que los Estados Unidos tienen la autoridad y la responsabilidad de administrar sus leyes de inmigración, pero una administración responsable exige transparencia, comunicación constante y rendición de cuentas. Aunque el TPS fue concebido como una medida temporal, se ha convertido en la base sobre la cual miles de familias han estructurado su vida durante más de 25 años. Reconocer esa realidad no significa ignorar el cumplimiento de la ley, sino hacer frente a las consecuencias humanas y económicas de una incertidumbre prolongada.
Las familias salvadoreñas no piden privilegios; exigen claridad, justicia y la certeza de poder planificar su futuro. La administración debe dar una respuesta definitiva, el Congreso debe aprobar soluciones legislativas y el Grupo Congresional sobre El Salvador debe asumir un liderazgo real. Tras 25 años de aportes a este país, estas familias ya esperaron suficiente. Es hora de dar la cara con respuestas y soluciones permanentes.
