Por Joe Garcia, attorney and former Congressman for FL-26
Bajo la administración de Trump, nuestro país ha experimentado deportaciones masivas a una escala sin precedentes, separando familias y afectando a comunidades y empresas en todo el país.
Sin embargo, un aspecto que a menudo queda fuera de esta conversación es el costo real de las deportaciones masivas y las decisiones presupuestarias que esto implica para ciudades, condados y estados.
Según una calculadora desarrollada por el Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica), los contribuyentes de Miami-Dade están pagando $3,740,794,706 —aproximadamente $4,000 por contribuyente— por las deportaciones masivas a través de la megalegislación fiscal y presupuestaria de 2025.
Se trata de una suma asombrosa. En Miami-Dade, $3.74 mil millones equivalen a financiar aproximadamente 15,816 maestros adicionales, 15,095 bomberos o 11,157 enfermeros titulados. También podrían proporcionar asistencia alimentaria a 1.85 millones de personas, cobertura de Medicaid para 266,702 personas, atención médica para 76,846 veteranos o 121,385 cupos de Head Start para niños pequeños.
La realidad es que las deportaciones masivas constituyen un enorme programa de gasto financiado con los impuestos de todos, independientemente de que estén de acuerdo o no con esta política. Y su costo es exorbitante. Mientras se destinan miles de millones de dólares federales a detener y deportar personas, el costo de vida sigue aumentando. En Miami-Dade, las familias se esfuerzan por hacer frente al aumento de los precios de los alimentos, la vivienda y la atención médica. Los maestros hacen todo lo posible por apoyar a sus estudiantes con recursos limitados, mientras demasiados residentes tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Es legítimo que las personas de nuestra comunidad y de todo el país se pregunten: ¿Es realmente esta la mejor manera de utilizar el dinero de nuestros impuestos?
Miles de millones de dólares que podrían ayudar a las familias a pagar los alimentos, la atención médica y otras necesidades se están destinando, en cambio, a operativos y deportaciones.
También debemos analizar estas prioridades de gasto junto con los cambios en otros programas federales. Mientras se destinan miles de millones de dólares federales a la aplicación de las leyes migratorias, otros servicios esenciales sufren recortes federales, incluidos Medicaid, la asistencia alimentaria y los servicios para veteranos.
Los contribuyentes merecen transparencia sobre estos costos y una evaluación honesta de sus consecuencias.
En Miami-Dade, los inmigrantes son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, cuidadores, empresarios y padres de familia. Contribuyen a la
economía local y ayudan a dar forma a nuestras comunidades. Cuando las deportaciones separan familias y generan miedo e incertidumbre, sus efectos van más allá de las personas directamente afectadas: también alcanzan a los niños, los empleadores y los pequeños negocios.
En Doral, hogar de una de las comunidades venezolanas más grandes del país, empresarios informan que el temor a las detenciones migratorias ha perjudicado gravemente a los pequeños negocios. Algunos negocios familiares han reportado caídas en las ventas de hasta un 70 %.
No solo estamos gastando miles de millones en la aplicación de las leyes migratorias: como consecuencia directa, también estamos debilitando nuestra economía.
Cada dólar que gasta el gobierno federal proviene de recursos públicos, y tenemos derecho a exigir rendición de cuentas. Nuestras familias merecen políticas que tomen en serio las dificultades que enfrentan cada día. Y nuestra comunidad merece un debate honesto sobre si destinar miles de millones de dólares a las deportaciones masivas es la mejor manera de utilizar recursos que podrían ayudar a los residentes a construir vidas más saludables, seguras y prósperas.
La pregunta no es simplemente cuánto cuestan las deportaciones masivas. La pregunta es cuánto podría ganar en Miami-Dade si tomáramos decisiones diferentes.
Para consultar la calculadora del costo de las deportaciones del Economic Policy Institute, visite: https://www.epi.org/deportation-calculator/.
