En campaña, José Antonio Kast prometió mano dura, las víctimas primero y aviones rumbo a Caracas. Ya en el poder, su Ministerio de Justicia firmó entre marzo y septiembre decretos que rebajaron la condena a 56 sentenciados por abuso sexual y violación de menores. La mayoría ya está en la calle.
La lista no termina ahí. Según reveló Interferencia, también obtuvieron rebajas de entre tres y nueve meses tres venezolanos condenados en La Serena por extorsionar a mujeres migrantes que ejercían el comercio sexual, a quienes cobraban cada semana presentándose como integrantes del Tren de Aragua. Salieron de prisión el 9 y el 10 de septiembre. De acuerdo con el mismo medio, el Gobierno no intentó expulsarlos, aunque las relaciones consulares con Venezuela ya estaban restablecidas.
Dos semanas después, Kast se reunió en Nueva York con Delcy Rodríguez. El objetivo declarado era destrabar las expulsiones de venezolanos irregulares y combatir el crimen organizado transnacional. Ahora entiendo su prisa por hablar con Caracas: es más fácil anunciar vuelos de expulsión que explicar por qué a quienes usaron el nombre de la banda más temida del continente se les abrió la puerta de la cárcel y se les dejó aquí.
El ministro Fernando Rabat sostiene que su cartera solo verifica requisitos legales, que la ley de 2022 que excluye a los abusadores de menores no puede aplicarse hacia atrás y que 36 de las 56 rebajas pasaron antes por tribunales. Es un argumento jurídico atendible. Pero el mismo ministerio rechazó entre marzo y mayo al menos cinco solicitudes de condenados por delitos sexuales contra menores, y dos de esos rechazos los firmó el propio Rabat. Si se pudo decir que no en mayo, ¿por qué se dijo que sí después?
El Presidente terminó reconociendo un «error», suspendió las rebajas a agresores sexuales de menores y envió al Senado un proyecto para cerrar esa puerta. Hizo bien. Pero mantuvo al ministro, y la Cadem registra que el 94% de los chilenos rechaza estas rebajas y que el 64% desaprueba que Rabat siga en el cargo.
Como abogado que defiende a migrantes, quiero decir algo con claridad. Tres extorsionadores no representan a los más de 700.000 venezolanos que viven en Chile. Sus víctimas, de hecho, también eran migrantes. La inmensa mayoría de nuestros compatriotas trabaja, cotiza y respeta la ley. Lo que resulta inaceptable es el doble rasero: un discurso que señala a todo el colectivo mientras el Estado firma la salida anticipada de quienes sí delinquieron.
La mano dura no se demuestra en un estrado de Naciones Unidas ni en una foto con Delcy Rodríguez. Se demuestra en la firma de cada decreto. Y esa firma, esta vez, falló a los niños abusados y a las mujeres extorsionadas.
Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, director de Reporte Confidencial y autor. Presidente de ILC Consultores Chile/Venezuela.
