Como he dicho antes, Venezuela no se parece a nada. Ni siquiera en la tragedia de su diáspora. Cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado el país, aproximadamente el 26% de nuestra población anterior al éxodo. Para comprender su magnitud basta compararlo con Siria, cuyos refugiados representan alrededor del 22% de su población anterior al conflicto, y Ucrania, aproximadamente el 12%. Venezuela ha sufrido uno de los mayores éxodos proporcionales de nuestro siglo sin atravesar una guerra de esas características.
Nuestra dirigencia política conoce estas cifras. Las repite en discursos y foros internacionales. Pero ¿de qué sirve denunciar el éxodo si después se abandona a quienes lo padecen?
Y lo más inaceptable es que muchas amenazas provienen de gobiernos supuestamente amigos de la causa democrática venezolana.
En Estados Unidos, la administración Trump decidió terminar las protecciones del TPS para cientos de miles de venezolanos que trabajaban legalmente, pagaban impuestos y habían construido sus vidas bajo esa protección. En Chile, el gobierno de José Antonio Kast ha impulsado expulsiones y contactos con las autoridades de Delcy Rodríguez para facilitar retornos. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori anunció conversaciones con Rodríguez para coordinar expulsiones.
Considero una gran ironía, que quiero compartir con mis lectores, que gobiernos supuestamente amigos de la democracia venezolana encuentren fórmulas para entenderse con las autoridades de Caracas cuando se trata de devolver a nuestros compatriotas.
Se habla, con razón, de la tragedia de las madres venezolanas dentro del país. Pero ¿quién habla de las madres, hermanas e hijas que padecen la vulneración de sus derechos en el exterior? Mujeres amenazadas por deportaciones, separaciones familiares y obstáculos para trabajar. ¿Acaso su sufrimiento es menos venezolano porque ocurre fuera de nuestras fronteras? ¿Quién las defiende?
No cuestiono el derecho soberano de ningún país a establecer sus políticas migratorias. Cuestiono más bien, a nuestra dirigencia política por la ausencia de una defensa firme y organizada de nuestros ciudadanos.
¿Dónde están las gestiones diplomáticas, las denuncias públicas, las iniciativas de protección jurídica? ¿Quién está dando la cara por esos venezolanos?
A esta indefensión se suma la orfandad institucional. Sin servicios consulares efectivos, obtener un pasaporte, registrar un nacimiento o ejercer el derecho al voto puede convertirse en una odisea.
¿Cómo pretendemos reconstruir una democracia cuando en los espacios de negociación y transición política se ignoran los derechos de casi un tercio de nuestro país?
La diáspora ha movilizado parlamentos, denunciado violaciones de derechos humanos y sostenido económicamente a millones de familias.
¿La necesitamos para defender la democracia, pero no encontramos tiempo ni recursos para defender sus derechos?
No podemos denunciar las injusticias de nuestros adversarios y guardar silencio ante las decisiones injustas de nuestros supuestos gobiernos amigos. Las alianzas políticas no pueden convertirse en compromisos de silencio.
Exijamos a nuestra dirigencia una agenda concreta: protección jurídica y migratoria, servicios consulares, documentación y garantías para votar desde el exterior. Con responsables, plazos y resultados verificables. No más declaraciones de solidaridad que terminan en fotografías y comunicados que nadie lee.
Los venezolanos que se fueron no renunciaron a su ciudadanía ni a su país.
La diáspora venezolana no necesita que sigan contando sus millones. Necesita que alguien defienda sus derechos.
A quienes aspiran a dirigir la Venezuela democrática les corresponde demostrarlo desde ahora. Muchos emigrantes no regresarán, pero su talento, conocimientos y experiencia podrán contribuir decisivamente a reconstruir el país.
Muchos no regresarán a Venezuela. Pero Venezuela no podrá reconstruirse sin ellos.
