Florida acaba de construir en tiempo récord (siete días) un nuevo centro de detención migratorio en el corazón de los Everglades. El apodo no es sutil: Alligator Alcatraz. Son carpas, tráileres y una pista aérea abandonada convertida en prisión para inmigrantes. Capacidad inicial: 1.000 personas. Potencial: hasta 3.000. Aquí se detendrá a personas sin papeles o en proceso de deportación.
¿El costo? $450 millones. ¿De dónde salió el dinero? Una paradoja más: los fondos provienen de un programa federal pensado originalmente para alojamiento humanitario (de FEMA).
Y el show tiene invitado especial: Donald Trump. El presidente visitará la cárcel esta semana. No es casual: es la cárcel emblema de su renovada política migratoria, construida y ejecutada en alianza total con Florida, estado que por cierto lidera el país en la asignación de policías locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
¿Quién es la mente maestra de Alligator Alcatraz? El fiscal general de Florida James Uthmeier, exjefe de gabinete de Ron DeSantis. La ejecución, bajo orden directa del gobernador, usó poderes de emergencia aprobados en 2023 para “responder a la crisis migratoria”. El terreno pertenece al condado de Miami-Dade, pero la gobernación lo tomó sin pedir permiso, ni pasar por procesos ambientales formales. El proyecto se realizó prácticamente en secreto junto con el Homeland Security para evitar desacuerdos.
Y sí, hay demandas. Sí, hay protestas. Pero sí, también: ya está operando.
El proyecto llega justo cuando DeSantis intenta recuperar protagonismo tras su salida prematura de las primarias presidenciales. ¿Casualidad? Difícil. Alligator Alcatraz refuerza su perfil duro en inmigración, lo alinea con Trump y emociona a una base republicana que exige acción.
Lo que se dice: se trata de orden, seguridad y aplicación de la ley. Lo que no se dice es que también se trata de estrategia, visibilidad y cálculo político. Porque en un país polarizado, incluso una cárcel puede funcionar como trampolín.
