¿Primero eliminar la ciudadanía por nacimiento y ahora la denaturalización? Sí y el Departamento de Justicia ya lo pone entre sus prioridades. El DOJ envió una nueva directiva interna que busca revocar la ciudadanía a ciertos naturalizados, incluso décadas después de su juramento.
El memo del 11 de junio ordena que los casos de denaturalización —no nacidos aquí— sean prioridad, y da libertad a fiscales locales para decidir a quién investigan. Ya hubo una víctima real: Elliott Duke, exmilitar y naturalizado, perdió su ciudadanía por delitos sexuales y por ocultar antecedentes. Ahora, la ciudadanía se ha convertido en una condición funcionalmente revocable.
El birthright citizenship siempre estuvo en la mira. Se planteó en el Project 2025 y el presidente Trump lo reafirmó en los primeros días de su segundo mandato: eliminar un derecho establecido en la Enmienda 14, como la ciudadanía por nacimiento, está entre sus objetivos principales. Y aunque Trump quiso desmarcarse de ese plan de gobierno escrito por el ala ultraconservadora de su partido, muchas de sus decisiones migratorias parten de esa propuesta.
La denaturalización va en serio.
- El DOJ ya lo convirtió en prioridad legal. Una directiva del 11 de junio ordena a fiscales federales priorizar los casos de denaturalización como uno de los cinco focos clave del Departamento de Justicia. No se trata solo de grandes crímenes o fraudes masivos: cualquier conducta “relevante” podría bastar, según la nueva definición. Y la decisión de a quién se investiga se dejó a discreción de fiscales locales, abriendo la puerta a una aplicación desigual.
- La desnaturalización podría aplicarse a personas que obtuvieron la ciudadanía mediante declaraciones falsas o fraude; personas condenadas por crímenes de guerra, genocidio u otras violaciones de derechos humanos; personas naturalizadas con vínculos con el terrorismo o el crimen organizado; aquellos condenados por fraude financiero grave, incluyendo fraude médico o estafas migratorias y personas que ocultaron órdenes de deportación previas o no revelaron antecedentes penales importantes.
- El proceso es civil, no penal (y eso importa mucho). A diferencia de un juicio criminal, quienes enfrenten un proceso de denaturalización no tienen derecho a un abogado público. El estándar de prueba también es más bajo, y el caso puede resolverse sin que el acusado esté presente físicamente. Es decir: puedes perder tu ciudadanía sin juicio justo, sin defensa asignada y sin estar en la sala para ver cómo te la quitan.
La historia (y la ley) advierten del riesgo. La denaturalización masiva ya fue usada como herramienta política durante la era McCarthy, hasta que la Corte Suprema la frenó en 1967 por considerarla antidemocrática. Hoy, esa política vuelve con un nuevo envoltorio legal y el riesgo de crear “ciudadanos de segunda”: aquellos cuya ciudadanía siempre puede ser reexaminada si no nacieron aquí. Un error, una sospecha, y se borra el juramento.
