El gobierno dice que va por los “peores de los peores”. Que ICE está sacando del país a criminales peligrosos. Pero los datos filtrados por el Deportation Data Project dicen otra cosa: desde enero, más de la mitad de los inmigrantes arrestados y deportados no tienen antecedentes penales.
De hecho, la proporción de detenidos con condenas ha ido bajando mes a mes. ¿Error administrativo? ¿Otro tipo de prioridad? ¿O simplemente una política con otra narrativa?
Las cifras son claras: ICE ha duplicado sus arrestos en lo que va del año comparado con 2024. Hoy detiene a casi 1,000 personas por día, aunque ese número todavía está lejos del objetivo de 3,000 diarios que algunos funcionarios tienen en mente. Lo que también queda claro es que esa aceleración está apuntando cada vez más a personas sin cargos, sin condenas, y muchas veces con años —o décadas— de vida en Estados Unidos.
Lo que no se dice tan abiertamente es que detrás de estas cifras hay decisiones presupuestarias, promesas de campaña y una narrativa que necesita sostenerse con acción, aunque los perfiles de los detenidos no siempre coincidan con el discurso.
ICE ha recibido más fondos que nunca, y el Congreso aprobó otros $170,000 millones para reforzar la maquinaria. En otras palabras, hay que mostrar resultados, aunque los números no siempre cuenten toda la historia.
¿Y entonces? ¿Está el país más seguro porque se deporta más? ¿O estamos redefiniendo lo que significa prioridad migratoria? No hay respuestas simples, pero sí preguntas urgentes. Porque si cada vez hay más recursos y menos filtros, quizás no estemos enfrentando un problema de seguridad, sino de enfoque. Y ese no se arregla con más detenciones, sino con más claridad.
