El 11 de julio de 2021, Cuba despertó. Desde San Antonio de los Baños hasta Santiago, miles de cubanos rompieron el miedo y salieron a las calles con una consigna que desafió décadas de represión: “Patria y Vida”. Aquella jornada histórica fue un antes y un después en la lucha por la libertad en la isla.
Hoy, a cuatro años de esas protestas masivas, un nuevo informe elaborado por Prisoners Defenders, Center For a Free Cuba y Consorcio Justicia, organizaciones comprometidas con los derechos humanos en América Latina, ofrece un análisis profundo y documentado sobre lo que ocurrió, cómo respondió el régimen, y las secuelas que aún persisten en la sociedad cubana.
El informe, titulado “11J in Cuba: The ‘Homeland and Life’ Protests”, no sólo recoge cifras y testimonios. Es un archivo de memoria y denuncia que se presenta en formato PDF y está acompañado por un poderoso video que recomendamos ver aquí:
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Entre las raíces del 11J está una obra artística que se convirtió en símbolo de rebelión: la canción “Patria y Vida”. Interpretada por artistas dentro y fuera de Cuba —Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara—, la canción se volvió viral tras su estreno en febrero de 2021. El estribillo rompió con el lema oficialista de “Patria o Muerte” y prendió la chispa del cambio.
El impacto fue tal que, el 11 de julio, miles de manifestantes entonaban el tema mientras marchaban. Pero el costo fue alto: Maykel Osorbo fue detenido arbitrariamente semanas antes, y Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el mismo día de las protestas para evitar su participación. Ambos permanecen en prisión y son considerados presos de conciencia por la ONU y Amnistía Internacional.
El informe documenta que entre 6,000 y 8,000 cubanos fueron arrestados durante y después de las manifestaciones. Muchos fueron víctimas de desapariciones forzadas, tortura y juicios sumarios sin garantías. El régimen de Miguel Díaz-Canel respondió con violencia, incluso llamando públicamente a “combatir” a los manifestantes en televisión nacional.
Casos como el de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado por la espalda mientras protestaba en La Habana, y el de Christian Díaz, desaparecido tras participar en las marchas y cuyo cuerpo fue enterrado en una fosa común, ilustran el nivel de brutalidad empleado.
En paralelo, se aprobaron leyes más severas para criminalizar la disidencia. El nuevo Código Penal, vigente desde diciembre de 2022, amplió la pena de muerte a 23 delitos e impuso castigos aún más duros por ejercer la libertad de expresión.
El informe también aborda los factores estructurales que impulsaron las protestas: pobreza extrema, colapso de los servicios públicos, apagones constantes, escasez de alimentos y represión sistemática. La pandemia sólo agravó la situación. El régimen rechazó vacunas extranjeras para promover sus propias fórmulas experimentales, lo que costó miles de vidas.
Desde 2022, más de 850,000 cubanos han abandonado la isla, lo que representa cerca del 10% de la población. La migración masiva es reflejo de un país que, a pesar del miedo, sigue buscando respirar.
Los organizadores del proyecto, Prisoners Defenders, Center For a Free Cuba y Consorcio Justicia advierten que los factores que provocaron el 11J siguen vigentes. La posibilidad de un nuevo estallido social es real. Y cuando ocurra, el mundo debe estar preparado para acompañar al pueblo cubano, no con discursos vacíos, sino con acciones concretas de solidaridad y presión internacional.
La historia del 11J no ha terminado. Sigue escribiéndose, cada vez que un cubano alza su voz por la libertad.
