Este año, Puerto Rico ha experimentado un giro significativo en su política migratoria con el aumento de redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones han resultado en un incremento notable en los arrestos y deportaciones, particularmente de migrantes dominicanos, lo que ha generado preocupación tanto por sus implicaciones humanitarias como por su impacto social y económico.
Históricamente, Puerto Rico había mantenido una postura más pasiva respecto a la inmigración irregular, en parte debido a su situación geográfica, su estatus territorial y la estrecha relación histórica con la República Dominicana.
Pero, en 2025, el ICE ha intensificado su presencia en la isla como parte de una estrategia federal más agresiva para reforzar las leyes migratorias en todos los territorios de EEUU, no solo en los estados continentales.
La intensificación ha implicado la realización de operativos en comunidades, lugares de trabajo y centros urbanos, afectando de manera desproporcionada a la población dominicana, que representa el mayor grupo de inmigrantes en la isla.
Los números hablan por sí solos. Según datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional, durante los primeros seis meses del año, los arrestos migratorios en Puerto Rico aumentaron un 60% en comparación con 2024.
Más del 70% de los detenidos eran ciudadanos dominicanos, muchos de los cuales llevaban años viviendo en la isla, con vínculos familiares, laborales y comunitarios profundos. Las deportaciones también han repuntado, generando una ruptura en la vida de cientos de familias binacionales y provocando temor generalizado en comunidades enteras.
El impacto económico no ha tardado en manifestarse. Muchos de los deportados formaban parte esencial de la fuerza laboral en sectores clave como la construcción, el comercio informal, los servicios domésticos y la agricultura.
Su ausencia ha causado una disminución en la productividad y ha generado escasez de mano de obra en varios municipios. Además, el temor a ser detenido ha provocado que muchos migrantes indocumentados eviten acudir a hospitales, escuelas y servicios sociales, debilitando la red de apoyo comunitario e incrementando la vulnerabilidad social.
En el plano social, las redadas han generado tensiones dentro de las comunidades y han reavivado debates sobre discriminación, derechos humanos y el trato hacia los migrantes en un territorio históricamente marcado por la migración y el mestizaje cultural.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos comunitarios han denunciado abusos, perfilamiento racial y detenciones arbitrarias, solicitando mayor supervisión y una revisión urgente de estas políticas.
