Recortar el Departamento de Educación no es lo mismo que cerrarlo, pero algunos lo están viendo como el primer paso. La decisión de la Corte Suprema le permite a la administración despedir a cientos de empleados y reducir la agencia casi a la mitad. La idea es clara: simplificar, ahorrar y devolver el control a los estados. Lo que no queda tan claro es cómo impactará eso a millones de estudiantes que dependen de servicios federales.
El Departamento de Educación administra un portafolio de $1.6 billones en préstamos estudiantiles y gestiona recursos clave para jóvenes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades.
En el papel, las funciones no desaparecen, solo cambian de lugar: préstamos al Tesoro, apoyo a estudiantes con discapacidad a Salud y Servicios Humanos. En la práctica, hay dudas sobre si esas transiciones serán tan fluidas como suenan. El recorte llega justo cuando muchas escuelas enfrentan desafíos crecientes, desde brechas de aprendizaje hasta falta de recursos.