Un salario anual de $174,000 ubica a un congresista muy por arriba del ingreso promedio estadounidense, pero sigue sin cuadrar con patrimonios personales que superan los $100 millones. La pregunta es simple: ¿cómo se da ese salto económico desde un cargo público?
La respuesta suele encontrarse en inversiones, especialmente en el mercado de valores. Muchos legisladores —demócratas y republicanos— compran y venden acciones en sectores que ellos mismos regulan. No es ilegal, pero sí altamente cuestionado, especialmente cuando esos movimientos financieros coinciden con decisiones legislativas clave.
Nancy Pelosi está en la lista y te contamos por qué. Su esposo, Paul Pelosi, realizó transacciones en el mercado por $38 millones. ¿El dato? Esa cantidad la hizo solo en enero de este año. ¿El otro dato? Lo hizo justo antes de que Trump tomara el poder. El portafolio de Pelosi llegó a tener ganancias de un 54%, superando –incluso– a los fondos de inversionistas más grandes de Wall Street.
Y aunque el Congreso aprobó el STOCK Act, una ley diseñada para obligar a los legisladores a reportar sus transacciones financieras dentro de los 30 días siguientes, la legislación no es tan estricta que digamos. También prohíbe el uso de información confidencial para fines personales. ¿La letra chiquita? La multa por incumplir la norma es de apenas $200, y ningún miembro ha sido procesado por violarla.
Hoy, más del 90% de los congresistas posee algún tipo de inversión en acciones. El STOCK Act ha aportado algo de transparencia, pero no ha logrado evitar los conflictos de interés ni restaurar la confianza ciudadana. Las reglas existen, el problema es quién las hace cumplir… y quién se beneficia si no se cumplen.
