Un drama digno de Chicago Med dejó al descubierto un creciente tira y afloja en el DOJ: ¿quién manda realmente en las decisiones antimonopolio bajo Trump? El chief of staff, Chad Mizelle, anuló a la jefa antimonopolio, Gail Slater, y aprobó la compra de Juniper por parte de HPE, una fusión que su equipo quería frenar. ¿El detonante? El intento de Slater de mantener a distancia a consultores cercanos al círculo MAGA. Try again.
CUANDO EL MENSAJE IMPORTA MÁS QUE EL MERCADO
Este no es solo un lío de egos. El episodio muestra cómo las decisiones económicas estratégicas están cada vez más condicionadas por la política interna de la administración. En un momento en que la Casa Blanca promueve la competencia y cuestiona el poder de las big tech, también da luz verde a acuerdos que consolidan oligopolios, como el caso reciente en telecomunicaciones. La pregunta incómoda es si lo ideológico está pesando más que lo técnico.
QUÍTAME ESOS NOMBRES (PERO SOLO UN RATO)
La historia tuvo su cuota de caos digital: el sitio web del DOJ eliminó —y luego restauró— los nombres de dos asesores antimonopolio clave. El mensaje fue confuso, pero simbólico: cualquiera que desafíe a las figuras cercanas a Trump se arriesga a quedar fuera del juego. Aunque el vocero negó despidos, el daño ya estaba hecho. El círculo de poder dejó claro que no quiere sorpresas ni disidentes dentro de casa.
¿ANTIMONOPOLIO PARA QUIÉN?
Todo esto refuerza una percepción inquietante: la aplicación de las leyes antimonopolio no responde solo a criterios económicos, sino a cálculos políticos. Mientras la administración impulsa a gigantes tecnológicos en la carrera contra China, también castiga a quienes se desvían del guion ideológico. Y aunque algunos funcionarios —como el presidente de la FTC— han sabido navegar estas aguas con más sutileza, el mensaje general es claro: en esta Casa Blanca, la competencia no siempre es prioridad.
