Hace más de tres siglos, el Parlamento Británico aprobó el Estatuto de Ana, una ley que buscaba proteger a los jugadores de perderlo todo en las apuestas. Esta norma, nombrada en honor a la reina Ana, permitía a los apostadores recuperar sus pérdidas si superaban cierto monto. Aunque parecía olvidada, esta ley del siglo XVIII resurgió en Washington DC, donde amenaza a las grandes empresas de apuestas deportivas.
¿Qué está pasando?
Una misteriosa empresa registrada en Delaware, llamada DC Gambling Recovery LLC, demandó a gigantes como Caesars Sportsbook, BetMGM y DraftKings. Basándose en el Estatuto de Ana, esta compañía busca recuperar millones de dólares en pérdidas de apuestas deportivas. Según la ley vigente en DC, cualquier pérdida superior a $25 puede reclamarse en una demanda. Si el caso prospera, la ciudad podría recibir más de $300 millones, ya que la norma exige dividir las ganancias legales entre el demandante y el Distrito de Columbia.
El dilema del Consejo de DC
El Consejo de DC podría votar para modificar el Estatuto de Ana, aclarando que no aplica a las apuestas deportivas modernas. Esta enmienda, incluida en el presupuesto de $22 mil millones para el próximo año, anularía la demanda de DC Gambling Recovery LLC. Sin embargo, los abogados de la empresa argumentan que eliminar esta posibilidad privaría al Distrito de ingresos muy necesarios en un momento de restricciones presupuestarias.
Derek T. Ho y James W. Taglieri, abogados de la LLC, escribieron al Consejo: “No está claro por qué el Distrito, enfrentando desafíos fiscales, eliminaría voluntariamente la posibilidad de obtener más de $300 millones en ingresos”. Además, señalaron que la enmienda prioriza los intereses financieros de las empresas de apuestas sobre los de los residentes de DC.
¿Qué dice la ley?
El Estatuto de Ana, promulgado en 1710, permitía a los jugadores recuperar pérdidas superiores a 10 libras en juegos de azar. Si no lo hacían en tres meses, cualquier persona podía demandar por el triple del monto perdido, entregando la mitad de las ganancias a los pobres de la parroquia donde ocurrió la apuesta. Esta ley llegó a las colonias americanas y, eventualmente, a DC, donde se modernizó en 1963.
Hoy, la versión vigente permite demandas por pérdidas superiores a $25. Si pasan tres meses, cualquier persona, como DC Gambling Recovery LLC, puede demandar por el triple del monto perdido y dividir las ganancias con el Distrito.
El impacto en las apuestas deportivas
Las empresas de apuestas deportivas, que operan legalmente en DC desde 2018, consideran que el Estatuto de Ana no debería aplicarse a su industria. Jeff Ifrah, abogado de iDEA, un grupo que representa a estas compañías, calificó la ley como arcaica. Según él, si la demanda prospera, las empresas podrían abandonar DC, llevándose consigo los ingresos que generan. Ifrah explicó:
“Esta es una ley antigua que proviene de un entorno completamente diferente. En ese entonces, el juego no estaba regulado y el estado terminaba cuidando a las viudas y huérfanos que quedaban tras las deudas de juego”.
¿Qué sigue?
El Consejo de DC enfrenta una decisión crucial. Por un lado, podría modificar el Estatuto de Ana para proteger a las empresas de apuestas y evitar demandas multimillonarias. Por otro, podría permitir que el caso avance, con la posibilidad de obtener ingresos significativos para el Distrito.
Phil Mendelson, presidente del Consejo, reconoció que la coexistencia del Estatuto de Ana y las leyes modernas de apuestas crea políticas contradictorias. “No tiene sentido promover el juego y, al mismo tiempo, mantener una ley que limite las ganancias a $25”, afirmó.
Mientras tanto, DC Gambling Recovery LLC sigue siendo un misterio. Aunque sus abogados aseguran que no tienen relación con ningún jugador afectado, su identidad permanece oculta bajo las leyes de Delaware.
El futuro de las apuestas deportivas en DC pende de un hilo. La decisión del Consejo no solo definirá el destino de esta demanda, sino también el equilibrio entre los intereses de las empresas, los jugadores y las finanzas del Distrito. ¿Prevalecerá una ley de hace 300 años o se adaptará a los tiempos modernos?
