Por mucho tiempo, la narrativa republicana sobre inmigración ha sido clara: mano dura, fronteras cerradas, y deportaciones sin contemplaciones. Pero cuando los agentes de ICE empiezan a aparecer en comunidades agrícolas de California, hasta algunos conservadores empiezan a preguntarse si el remedio no está resultando peor que la enfermedad. Y no, no es una metáfora.
En las últimas semanas, las redadas migratorias impulsadas por la administración han provocado más que protestas : están generando un sismo interno en distritos clave para el Partido Republicano en California. Lugares como Bakersfield, Visalia y Orange County —zonas tradicionalmente conservadoras pero con una alta presencia de inmigrantes— se han convertido en el nuevo campo minado político de los republicanos estatales.
La senadora estatal Suzette Martinez Valladares, una de las pocas voces republicanas que ha osado criticar públicamente las redadas, lo resumió con crudeza: “El miedo en nuestras comunidades es real. He hablado con votantes de ambos lados y lo que están viviendo es desgarrador”.
Y no está sola, aunque por ahora sí está en minoría.
De los 29 legisladores republicanos en el Capitolio estatal, solo seis firmaron la carta que Valladares lideró, pidiendo a la administración Trump que focalice las deportaciones exclusivamente en inmigrantes con antecedentes criminales.
La carta, enviada en medio de crecientes protestas y reportes de detenciones indiscriminadas, fue una señal de alerta para un partido que teme repetir su error histórico de los años 90, cuando una retórica antiinmigrante lo empujó al ostracismo político en California.
Las cifras no mienten (pero incomodan)
La administración insiste en que las redadas están enfocadas en criminales peligrosos. Pero un análisis del Los Angeles Times, con datos de centros de investigación de UCLA y UC Berkeley, cuenta otra historia: el 70% de los arrestados en junio no tenía antecedentes penales, y el 58% nunca fue acusado de ningún delito.
La ciudad de Los Ángeles se sumó a una demanda presentada por organizaciones como la ACLU y los United Farm Workers, que calificaron la operación como una “especie de sitio” y documentaron detenciones basadas en raza, ocupación o mera sospecha.
En otras palabras: cuando las redadas dejan de parecerse a un operativo contra el crimen y más a una cacería de jornaleros, hasta algunos republicanos empiezan a fruncir el ceño. Sobre todo si esos jornaleros votan (o si sus hijos sí lo hacen).
Distritos clave y nervios electorales
La preocupación republicana no es solo moral. Es electoral. Legisladores como David Valadao, que representa una región agrícola en el Valle de San Joaquín, y Young Kim, en un distrito multicultural del sur de California, caminan sobre una cuerda floja. Ambos están en distritos competitivos donde perder unos pocos puntos porcentuales del voto latino o moderado podría costarles el escaño.
Valadao escribió en redes sociales que estaba “preocupado por las operaciones de ICE” y pidió priorizar a “criminales conocidos” en lugar de a “personas trabajadoras que han vivido pacíficamente en el Valle durante años”. Pero tras ese tímido comentario, su equipo no ha vuelto a hablar del tema. Kim, por su parte, ha guardado silencio.
Es entendible. Tomar distancia de Trump puede calentar la sangre de los votantes más leales a la línea dura. Como advierte Jon Fleischman, ex director del Partido Republicano de California, “abrazar el centro puede significar alienar a la derecha”. El viejo dilema: el centro gana elecciones generales, pero la base gana primarias.
Redadas que salen como esperaban
Este fuego cruzado entre pragmatismo electoral y fidelidad partidaria se produce justo cuando los republicanos empiezan a planear su estrategia para 2026, año en que se juegan el control del Congreso. Con los márgenes actuales tan estrechos, distritos como los de Kim y Valadao podrían ser decisivos para mantener —o perder— la mayoría en la Cámara de Representantes.
Ahí entra en juego el Problem Solvers Caucus del legislativo estatal —una rara alianza de 13 demócratas y 13 republicanos— que recientemente pidió al Congreso una reforma migratoria “bipartidista y de sentido común”, que combine seguridad fronteriza con un camino a la legalización para inmigrantes sin historial criminal.
“Los inmigrantes son el motor de la economía californiana, forman familias, levantan negocios y sostienen sectores clave”, reza su comunicado. Difícil decirlo más claro.
¿Cambio de marea?
No son solo los políticos los que sienten el cambio. Una encuesta reciente de Gallup muestra que la mayoría de los estadounidenses ya desaprueba la gestión migratoria de Trump, un dato que resuena especialmente fuerte en California, donde las heridas de la Proposición 187 —la infame medida antiinmigrante de 1994— aún no cicatrizan del todo.
Mike Madrid, estratega republicano y autor de The Latino Century, advierte que el viraje es inevitable: “Va a haber republicanos tomando distancia de esta narrativa. Tiene que suceder. Los números son abrumadores”.
En ese contexto, los estrategas como Rob Stutzman recalcan que, si bien la mayoría del electorado tolera medidas contra criminales, “no hay mucho apetito por atrapar a gente que lleva 30 años aquí, tiene familia, trabaja y solo está indocumentada porque el sistema no les dio otra opción”.
El dilema político de siempre
Los republicanos de California se ven atrapados entre la espada de Trump y la pared de un electorado que ya no compra tan fácil la narrativa del “invasor” migrante. Porque cuando la retórica de campaña se convierte en redadas reales en tu propio distrito, la teoría se vuelve problema.
Un problema que, si no se maneja con cuidado, puede convertirse en una pesadilla electoral en 2026.
