El presidente Donald Trump ha dado un paso audaz al firmar una orden ejecutiva el 30 de julio de 2025, implementando aranceles del 50% a Brasil. La justificación de esta decisión se centra en las políticas brasileñas y el juicio penal del exmandatario Jair Bolsonaro, los cuales, según Trump, representan una emergencia económica según una ley de 1977. Esta medida fue anticipada cuando el propio Trump amenazó con tales aranceles en una carta enviada al presidente Luiz Inacio Lula da Silva el 9 de julio.
Es interesante notar que, a pesar de estas tensiones diplomáticas, Estados Unidos disfrutó de un superávit comercial de $6.8 mil millones con Brasil el año pasado, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU. Este hecho subraya la complejidad de los lazos económicos entre ambos países. La Casa Blanca ha emitido una declaración afirmando que el poder judicial de Brasil ha intentado influir en empresas de redes sociales y bloquear a sus usuarios, aunque no se mencionaron explícitamente a las compañías X y Rumble.
El Departamento del Tesoro, bajo la administración Trump, ha implementado sanciones contra Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil, acusándolo de suprimir la libertad de expresión en medio del juicio en curso de Bolsonaro. Este juicio, supervisado por de Moraes, involucra serias acusaciones contra Bolsonaro de haber intentado mantener el poder después de su derrota en 2022. Este acto resalta la convergencia de tensiones políticas y judiciales en el manejo de relaciones exteriores.
El contexto no es menos controvertido si se considera que Trump mismo enfrentó acusaciones en 2023 por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020. Esta similitud entre Trump y Bolsonaro, ya que ambos habrían buscado alterar el curso de la democracia en sus respectivos países, les confiere una extraña afinidad en el ámbito político internacional.
Además de los aranceles y sanciones, el 18 de julio, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas para funcionarios judiciales brasileños, incluido Alexandre de Moraes. Esta medida resalta la seriedad con la que el gobierno de EE. UU. está tomando estas acciones y sus preocupaciones sobre los movimientos judiciales en Brasil. Según el informe original, estas medidas multidimensionales reflejan un enfoque decidido en la política exterior de Trump hacia Brasil.
