Mientras el mundo exige un ceasefire en Gaza, la administración Trump vincula ayuda federal interna con la lealtad a Israel. Básicamente, la noticia es esta: estado que boicotee a empresas israelíes, estado que podría perder acceso a más de $1,900 millones para emergencias.
La medida prioriza una postura ideológica frente a necesidades críticas, a pesar de la creciente presión global para frenar una guerra que ha dejado más de 54,000 muertos palestinos.
AYUDA HUMANITARIA VS. AYUDA FEDERAL
La ONU ya denunció que el hambre se está usando como arma de guerra y que la ayuda humanitaria sigue bloqueada. Aun así, FEMA pone como condición rechazar el boicot a Israel si un estado quiere acceder a fondos para enfrentar desastres naturales.
Libia calificó el rechazo al alto el fuego como una “blood stain on their fingers”, y cada vez son más los gobiernos que ven este conflicto como una emergencia ética global. Pregúntale a Francia. Pregúntale a UK. Pregúntale a Canadá.
GUERRA PROLONGADA, PRIORIDADES CRUZADAS
Ciudades como New York recibirán $92,2 millones si aceptan esta política. No es que seguir el juego automáticamente signifique “estar en contra de la paz”, pero sí implica alinearse y hacer un guiño a un gobierno como el israelí, que actualmente enfrenta denuncias y presiones.
Ya hay 34 estados con leyes anti-BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions), pero no es suficiente a los ojos de la Casa Blanca. En cambio, su política sí basta para reforzar la idea de quienes piensan que EEUU impulsa una política exterior desconectada del consenso internacional. La guerra sigue, las muertes aumentan y la diplomacia parece estar en pausa.
