A pesar de su ubicación remota y baja densidad poblacional, Alaska no debe ser vista como un refugio seguro o especial para inmigrantes que buscan evitar acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La percepción de que este vasto y aislado estado podría ofrecer una especie de santuario frente a las políticas migratorias federales es, en gran medida, infundada. Como parte integral de los Estados Unidos, Alaska está sujeta a las mismas leyes federales de inmigración que el resto del país, y las autoridades federales tienen plena jurisdicción para llevar a cabo operaciones de control migratorio.
Aunque algunas ciudades de Estados Unidos han adoptado políticas que limitan su cooperación con ICE, conocidas como "ciudades santuario", Alaska no cuenta con una estructura estatal o municipal extensa que se haya declarado formalmente como tal. En general, las agencias del orden en Alaska cooperan con las autoridades federales, lo que incluye compartir información y, en algunos casos, colaborar en arrestos o detenciones de personas con órdenes de deportación.
Además, ICE mantiene presencia operativa en Alaska. Aunque no en la misma escala que en estados más poblados, existen oficinas de campo y agentes federales designados para hacer cumplir las leyes migratorias. Esto significa que una persona sin estatus legal corre el mismo riesgo de ser identificada, detenida y potencialmente deportada, incluso en una región tan remota como Alaska.
Es importante destacar también que las condiciones geográficas y climáticas de Alaska presentan desafíos adicionales para cualquier persona que considere mudarse allí como forma de evadir a las autoridades.
El acceso a recursos legales, redes comunitarias de apoyo y servicios sociales suele ser limitado en comparación con otras áreas del país. Además, el aislamiento y las extremas condiciones del invierno pueden dificultar significativamente la vida cotidiana para cualquier residente, especialmente para aquellos que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Desde el punto de vista legal, ninguna región de Estados Unidos puede ofrecer inmunidad frente a las leyes migratorias federales. Mientras que ciertos gobiernos locales pueden elegir no colaborar activamente con ICE, eso no impide que los agentes federales operen en esas jurisdicciones. En el caso de Alaska, no existen políticas institucionalizadas que obstaculicen la acción de ICE, por lo que cualquier persona que resida allí sin estatus migratorio corre los mismos riesgos legales que en cualquier otra parte del país.
