De doble moral: la lucha contra el narcotráfico se intensifica mientras el gobierno recorta fondos a organizaciones que reducen muertes por sobredosis

En las últimas semanas, la administración ha movido dos fichas clave en su política antidrogas. Por un lado, órdenes secretas al Pentágono para que planifique operaciones contra carteles designados como organizaciones terroristas extranjeras, un paso que busca cortar el flujo de drogas antes de que lleguen a Estados Unidos. Por otro, recortes a programas de salud pública que, según expertos, han sido fundamentales para reducir muertes por sobredosis.

Una estrategia que combina ofensiva militar en el exterior y una menor cobertura de contención en casa.

Según The Hill, el objetivo principal es proteger el territorio estadounidense atacando directamente a los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas. La directiva permite a las Fuerzas Armadas preparar operaciones específicas, aunque juristas advierten sobre posibles choques legales y tensiones diplomáticas, especialmente con México, que ya rechazó la presencia militar de Estados Unidos en su territorio.

Lo que no se dice de esta ofensiva es que el gobierno también restringió el financiamiento federal a programas de “reducción de daños” que distribuyen naloxona, intercambian jeringas y gestionan centros de consumo supervisado. Pese a que estudios muestran que estas iniciativas reducen infecciones, previenen muertes y conectan a usuarios con tratamientos, la administración argumenta que algunas fomentan el uso de drogas y que los recursos deberían enfocarse en prevención y recuperación.

Mientras ustedes sacan sus conclusiones. Nosotros escribimos el contraste entre ambas narrativas: se busca golpear la oferta en su origen, pero se limitan herramientas que, según datos oficiales, han salvado miles de estadounidenses que están sumergidos en el consumo de drogas. Los defensores de estos programas alertan que el recorte podría aumentar las muertes por sobredosis, mientras que el gobierno insiste en que es un ajuste necesario para concentrar los fondos en soluciones “efectivas” y “de sentido común”.