Cada decisión política está hecha a la medida para aumentar la mayoría republicana en el Congreso y las pruebas lo demuestran. Primero, Texas y la redistritación. Ahora, el Censo. El presidente Trump lanzó una propuesta bastante atrevida: cambiar el Censo para excluir a inmigrantes indocumentados. Traducción: significa un intento directo de modificar la base del poder político.
Si millones de personas indocumentadas dejan de ser contadas –especialmente en estados con grandes comunidades inmigrantes– se altera el peso que esos territorios tienen en el Congreso. Explicado más fácil: este plan podría traducirse en menos representación para esos estados y más escaños disponibles para bastiones republicanos.
Buscando caminos. Aunque Trump aún no ha nombrado un nuevo director para el Censo, su administración tiene la oportunidad de colocar un aliado político al frente de la agencia. Esta persona tendría poder directo sobre cómo se planea y ejecuta el conteo de 2030, incluyendo qué preguntas se hacen y qué metodologías se priorizan. Es una jugada silenciosa, pero con impacto estructural a largo plazo.
- Trump anunció que ordenará un “nuevo y altamente preciso” censo, argumentando que el de 2020 fue incorrecto y que debe excluir a personas indocumentadas. Dijo que el conteo se basará en información de las elecciones de 2024, lo cual no tiene precedentes ni sustento técnico. Esta propuesta rompe con la norma constitucional de contar a todas las personas que residen en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.
- Un cambio radical (y con consecuencias). El censo determina cuántos representantes tiene cada estado en la Cámara de Representantes y cómo se distribuyen más de 1.5 billones de dólares en fondos públicos. Excluir a personas indocumentadas podría quitar escaños a estados como California, Texas o Nueva York, que tienen grandes poblaciones de inmigrantes. Esto cambiaría el equilibrio político en el Congreso y afectaría recursos clave en salud, educación y transporte.
- ¿Es posible hacer esto? Legalmente, es muy difícil. El censo está regulado por la Constitución y la ley federal, que solo permiten uno cada 10 años. Además, cualquier cambio en las preguntas debe enviarse al Congreso dos años antes. Un intento de exclusión en 2020 ya fue bloqueado por la Corte Suprema. Pero, Trump sí podría influir en el censo de 2030 si coloca personas afines en posiciones clave dentro del Censo Bureau, algo que ya está en marcha tras la renuncia del último director.
La propuesta reabre el debate sobre quién debe ser contado y cómo se distribuye el poder político. Aunque enfrenta barreras legales, sus efectos podrían sentirse mucho antes del próximo censo oficial.
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