La Universidad de Stanford ha dejado claro que, para el ciclo de admisiones del otoño de 2026, seguirá tomando en cuenta el estatus de "legacy" (hijos de exalumnos) en sus políticas de admisión. Este movimiento, que podría influir en el acceso a uno de los semilleros de talento más prominentes de Silicon Valley, ha generado opiniones diversas. Según el informe original, la universidad también ha decidido poner fin a su política de exención de exámenes estandarizados, volviendo a requerir puntajes de SAT o ACT por primera vez desde 2021.
En un giro significativo, Stanford eliminará su participación en el programa Cal Grant de California debido a la Ley de la Asamblea 1780, firmada el otoño pasado por el gobernador de California, Gavin Newsom, que prohíbe las admisiones "legacy". La universidad ha asegurado que sustituirá los fondos perdidos del programa estatal con su propio presupuesto, reforzando su compromiso con estas políticas de admisión. Este paso subraya el deseo de preservar las ventajas para los descendientes de exalumnos, manteniendo una puerta abierta para los hijos de las élites tecnológicas del área.
El respaldo financiero de los exalumnos juega un papel crucial en universidades como Stanford. Durante el ciclo académico 2022-2023, una alta proporción de donaciones en instituciones de la Ivy League, como Princeton, provino de sus antiguos estudiantes. En el caso de Stanford, su enorme dotación, gestionada por Stanford Management Company, cubre aproximadamente el 22% de su presupuesto operativo. Con las políticas federales afectando los presupuestos educativos, la dependencia de estos recursos es más crítica que nunca.
La noticia de la semana pasada confirmó que Stanford despedirá permanentemente a 363 empleados, casi un 2% de su personal administrativo y técnico. Esta medida se debe a la "incertidumbre económica continua" y a cambios anticipados en las políticas federales. La universidad está enfrentando un aumento significativo en los impuestos a su dotación, una medida incluida en la reciente legislación conocida como el "Big Beautiful Bill" de la administración Trump.
El incremento en los impuestos a las dotaciones, del 1.4% al 8%, supondrá un costo estimado de 750 millones de dólares anuales para Stanford. Estas cargas fiscales significativas resaltan la necesidad de que las universidades busquen vías alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera y el acceso a la educación de calidad. Las instituciones de educación superior, especialmente aquellas con grandes dotaciones, navegan por un panorama complicado, donde las decisiones de políticas no solo impactan sus presupuestos, sino también su estructura y futuro.
