El presidente Donald Trump tomó una decisión sin precedentes el lunes al anunciar que pondrá al Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC "bajo control federal directo" y desplegará 800 miembros de la Guardia Nacional en la capital durante al menos 30 días. La medida, que según Trump busca "restaurar el orden" en la ciudad, marca la primera vez desde la implementación de la Ley de Autonomía Local (Home Rule Act) de 1973 que un presidente toma control directo de las fuerzas policiales de DC.
El contraste entre el discurso y los datos
Trump justificó su decisión describiendo a Washington como una ciudad "tomada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes salvajes, maníacos drogadictos y personas sin hogar", según reportó NPR. El presidente prometió que la policía metropolitana operará "más agresivamente" bajo control federal, llegando a declarar que los oficiales podrán hacer "lo que diablos quieran".
No obstante, las cifras preliminares del Departamento de Policía Metropolitana de DC indica que la criminalidad total en la ciudad ha disminuido este año en comparación con 2024. La alcaldesa Muriel Bowser subrayó que “el crimen no solo ha bajado desde 2023, también está por debajo de 2019, antes de la pandemia”.
Pero no todo es blanco y negro. Una investigación de NBC Washington reveló que un comandante de la policía del Distrito fue suspendido y está bajo investigación por supuestamente alterar estadísticas de criminalidad en su sector, posiblemente para mostrar una disminución artificial en los reportes de delitos violentos. La Unión de Policía de DC sostiene que la manipulación consciente de los datos viene de la cadena de mando para suavizar la percepción de inseguridad, reclasificando delitos graves como agresiones menores para que no cuenten en las cifras oficiales. Aunque la jefa de policía Pamela Smith rechaza estas prácticas y promete transparencia, el debate sobre la credibilidad de los datos ha sido aprovechado por partidarios y críticos de la medida.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia señala que, a nivel nacional, el crimen violento está en mínimos de 30 años. Pero especialistas advierten que las estadísticas nacionales pueden no capturar tendencias ni desafíos puntuales de DC, especialmente cuando existen inquietudes públicas y discrepancias internas respecto a la veracidad de los datos policiales.
Reacciones locales: "inquietante e inédito"
La alcaldesa Bowser, quien según CNN no fue informada previamente sobre el plan de Trump, calificó la medida como "inquietante e inédita" en una conferencia de prensa posterior al anuncio.
"No quiero minimizar lo que se dijo, y no quiero minimizar la intrusión en nuestra autonomía", declaró Bowser.
La representante Eleanor Holmes Norton fue más directa, calificando las acciones de Trump como "contraproducentes, potencialmente peligrosas y un ataque atroz a la autonomía local de DC". El Consejo de DC emitió una declaración criticando lo que llamó "una intrusión fabricada en la autoridad local", mientras que el fiscal general de DC, Brian Schwalb, describió las acciones como "sin precedentes, innecesarias e ilegales".
A ello se suma otra limitante en la capacidad de actuación judicial: más de una decena de vacantes en el sistema judicial local han ralentizado juzgamientos y sentencias, lo que dificulta responder al crimen aun cuando aumenta la presión sobre la policía. Trump mismo ha prometido que presionará para cubrir esas vacantes, argumentando que la impunidad judicial es parte central del "problema de fondo".
La Ley de Autonomía Local permite al presidente asumir el control temporal de la policía por hasta 30 días en circunstancias excepcionales, aunque la estructura jerárquica del departamento de policía no cambia y las solicitudes y canales administrativos pasan, en esta intervención, a estar bajo coordinación con la fiscal general designada, Pam Bondi.
Los detalles operativos: más show que sustancia
Según Axios, aproximadamente 800 miembros de la Guardia Nacional comenzarán a aparecer en las calles de DC esta semana, trabajando en turnos de 200 efectivos para cobertura las 24 horas. Sin embargo, la realidad operativa es menos dramática de lo que sugiere la retórica presidencial.
Los soldados operarán bajo el Título 32, lo que significa que están bajo autoridad local pero con financiamiento federal, y no están sujetos a la Ley Posse Comitatus que prohíbe a los militares participar en actividades de aplicación de la ley. Un funcionario del Ejército confirmó a CNN que las tropas no portarán rifles abiertamente mientras patrullan, manteniendo las armas en sus vehículos solo para defensa personal.
El secretario de Defensa Pete Hegseth aclaró que "no habrá aplicación de la ley deshonesta por parte de la Guardia Nacional", aunque los soldados tendrán autorización para "detener temporalmente" a personas y entregarlas a las fuerzas del orden. La fiscal general Pam Bondi supervisará directamente las más de 3,000 personas juramentadas del departamento de policía de DC.
Divisiones políticas: apoyo sindical vs. crítica demócrata
Las reacciones políticas reflejan las líneas partidistas esperadas. El presidente del Sindicato de Policía de DC, Greggory Pemberton, respaldó la medida en Fox News, argumentando que "el crimen está fuera de control en DC y algo debe hacerse". Pemberton señaló que hay más de 800 vacantes en el departamento policial y culpó a "activistas radicales en el consejo municipal" por los problemas del sistema de justicia criminal. La Unión también acusó al alto mando policial de manipular estadísticas para maquillar la realidad, lo que añade otra capa de polémica al debate público.
En contraste, la Asociación de Alcaldes Demócratas emitió una declaración condenando la "toma de control" de Trump, argumentando que "el crimen ha bajado en la mayoría de las ciudades principales, incluyendo Washington DC, a pesar de Trump". La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien enfrentó una situación similar con el despliegue de Marines federales en su ciudad, calificó las acciones como "un truco político", diciéndole que "no despliegas a las fuerzas armadas por los sentimientos de la gente".
La decisión de Trump, aunque respaldada legalmente por sus atribuciones presidenciales, se mueve en un terreno marcado por datos contradictorios, vacantes judiciales que frenan la capacidad de respuesta y un debate político encendido. La seguridad en DC se convierte así en una jugada compleja donde estadísticas, percepciones ciudadanas y disputas partidistas se entrecruzan. Más que un simple ajuste operativo, la intervención federal configura un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno central y la capital, en un momento donde los números dibujan una ciudad más segura, pero la narrativa y la política empujan a acciones inéditas.
