Y hablando de guerras… hablemos de las que pocos ven: la que se libra contra los números.
La administración ha puesto bajo sospecha —o directamente en pausa— datos que solían ser parte del consenso básico: estadísticas laborales, emisiones de carbono, registros de salud pública. Esos informes aburridos que nadie celebraba en TikTok, pero que servían para que gobiernos, empresas y ciudadanos supieran en qué suelo estaban parados.
Trump orders a stop to any data collection that doesn't go his way.
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 13, 2025
See: COVID deaths under his watch, his terrible job creation numbers.
Is he going to forbid presidential approval polling next?
El argumento oficial es simple: los números mienten, o peor aún, no convienen. Así, se cuestiona el informe de empleo, se detiene la publicación de estadísticas ambientales o se eliminan registros de salud que ya no “cuadran” con la agenda. El problema es que, sin datos confiables, la política se convierte en un partido jugado a ciegas: decisiones con millones en juego se toman en función de percepciones o discursos, no de evidencia.
¿Lo que se dice? Que el gobierno quiere modernizar y limpiar agencias que llevan décadas operando con inercia, y que han generado métricas muchas veces incompletas o cuestionables. ¿Lo que no se dice? Que la desaparición de esos números deja al público sin brújula y, de paso, hace más difícil fiscalizar a quienes toman decisiones. Cuando los datos se vuelven opcionales, la verdad también empieza a serlo.
El resultado es paradójico. Mientras algunos celebran el fin de estadísticas “manipuladas”, otros advierten que la política se queda sin base objetiva. Y si nos ponemos reflexivos, la pregunta es otra, si los números se silencian porque incomodan, ¿qué queda para nosotros? La guerra contra los datos no la pierden las agencias federales, la pierde la gente común que necesita certezas para entender el país en el que vive.
