En los últimos 13 años, menos del uno por ciento de los clientes que han presentado quejas sobre cierre de cuentas bancarias ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB) han señalado motivos políticos o religiosos como causa de dichas acciones. Según el informe original, la cifra específica es de 35 quejas sobre un total de 8,361 desde 2012 que mencionan "política," "religión," "conservador" o "cristiano."
A principios de este mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los bancos discriminar a sus clientes por razones políticas o religiosas. Esta acción surge en un contexto donde la administración busca combatir lo que denomina "abusos sistémicos" que perjudican a los conservadores. Sin embargo, como lo señala Amanda Jackson, de Americans for Financial Reform, el "debanking" es considerado más una justificación para ataques políticos que un verdadero problema.
Rachel Cauley, directora de comunicaciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, mantiene que miembros de la familia Trump y otros han sido víctimas de exclusión bancaria por sus creencias políticas o religiosas. A pesar de esto, los datos de la CFPB no han proporcionado pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Brian Knight, asesor de Alliance Defending Freedom, sugiere que la escasez de denuncias puede ser resultado de la falta de obligación de los bancos para informar en detalle a los consumidores afectados.
Representantes de entidades bancarias, como Lauren Bianchi de JPMorgan, han declarado rotundamente que no clausuran cuentas por cuestiones políticas o religiosas. Además, abogan por una legislación que prohíba cierres de cuentas basados en estas razones y apoye una mayor transparencia. Esto se hace eco en la comunidad financiera que intenta equilibrar el acceso justo con medidas para combatir el fraude.
Mientras que algunos argumentan que el "debanking" es una táctica de censura, otros subrayan que el problema más urgente es asegurar que los bancos ofrezcan servicios a consumidores de bajos ingresos. A medida que la discusión progresa, se subraya la importancia de mantener un acceso equitativo al sistema financiero para todos los estadounidenses, lidiando al mismo tiempo con la complejidad de proteger al consumidor sin pisotear derechos fundamentales.
