La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por el republicano James Comer, inició el lunes una investigación sobre las acusaciones de manipulación de datos de criminalidad en Washington DC. Estas denuncias apuntan a que altos mandos del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) habrían alterado estadísticas para presentar una imagen más favorable de la seguridad en la ciudad.
El origen de las acusaciones
El presidente Donald Trump ha cuestionado repetidamente las estadísticas de criminalidad en DC, calificándolas de "falsas" y justificando así la intervención federal en la ciudad. Según Trump, los datos manipulados crean una "falsa ilusión de seguridad". Estas declaraciones se intensificaron tras la suspensión del comandante del Tercer Distrito del MPD, Michael Pulliam, acusado de alterar reportes de crímenes. Pulliam, quien niega las acusaciones, fue puesto en licencia administrativa con sueldo en mayo de 2025.
NBC News reportó que un denunciante interno del MPD informó al Comité de Supervisión de la Cámara que la manipulación de datos era una práctica "generalizada" y que los comandantes de distrito recibían instrucciones de reducir la gravedad de los cargos para disminuir artificialmente las estadísticas de criminalidad. Según el denunciante, esta práctica no solo engaña al público, sino que también afecta la capacidad de los fiscales para procesar casos de manera efectiva.
La respuesta del Congreso y el Departamento de Justicia
El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, envió una carta a la jefa de policía de DC, Pamela Smith, solicitando documentos y entrevistas con los comandantes de los siete distritos policiales, incluido Pulliam. Comer destacó que esta práctica no es un fenómeno reciente ni aislado, citando un acuerdo previo entre el MPD y la sargento Charlotte Djossou, quien denunció manipulaciones similares en 2020. Djossou afirmó que los supervisores ordenaban a los oficiales reclasificar crímenes graves como delitos menores.
Por su parte, el Departamento de Justicia, liderado por la fiscal Jeanine Pirro, también inició una investigación federal sobre estas acusaciones. Este doble escrutinio refleja la gravedad del problema y su impacto potencial en la confianza pública.
El contexto político y social
La controversia ocurre en un momento en que la administración Trump ha intensificado su enfoque en la seguridad pública en ciudades lideradas por demócratas, como DC, Chicago y Los Ángeles. Trump ha utilizado a DC como un "experimento" para justificar la intervención federal en otras ciudades, argumentando que los líderes locales no han logrado controlar el crimen. Sin embargo, los datos nacionales muestran que la criminalidad ha disminuido en promedio en más de 30 ciudades desde 2023, incluyendo DC, donde los homicidios han bajado un 27% en comparación con el año anterior.
A pesar de estas cifras, el presidente del sindicato de policías de DC, Gregg Pemberton, expresó dudas sobre la magnitud de la disminución reportada, calificándola de "preposterosa". Según Pemberton, los oficiales en las calles no han observado una reducción tan significativa en los crímenes violentos.
Implicaciones y próximos pasos
La investigación del Congreso busca esclarecer si las estadísticas de criminalidad en DC han sido manipuladas deliberadamente y, de ser así, quiénes son los responsables. Entre los documentos solicitados se incluyen reportes de crímenes, comunicaciones internas y acuerdos relacionados con denuncias previas de manipulación. Las entrevistas con los comandantes de distrito están programadas para comenzar el 23 de septiembre y concluir el 20 de octubre.
Mientras tanto, la administración Trump continúa promoviendo los resultados de su intervención federal, destacando la confiscación de 111 armas ilegales y más de 1,000 arrestos en las últimas semanas. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas son más "teatro político" que soluciones sostenibles para reducir la violencia.
La manipulación de datos de criminalidad en DC plantea serias preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la seguridad pública. A medida que avanzan las investigaciones del Congreso y el Departamento de Justicia, será crucial determinar si estas prácticas han comprometido la seguridad de los residentes y la confianza en las instituciones locales. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para DC, sino también para otras ciudades bajo el escrutinio de la administración Trump.
