En una rueda de prensa el miércoles, la alcaldesa Muriel Bowser reconoció los “valores santuarios” (ley Sanctuary Values, en inglés) de DC mientras enfrentaba preguntas sobre la federalización y el temor que sienten los residentes inmigrantes en la ciudad.
Aparte de reclamar por la autonomía del gobierno local y confirmar que la delincuencia en DC sigue disminuyendo, la alcaldesa ofreció una actualización sobre la federalización de la ciudad, que según algunos miembros de la prensa fue calificada como bastante "pro-surge". La administración usa la palabra “surge” (incremento súbito o aumento repentino) para describir la toma de control de la policía local y el aumento de presencia de oficiales federales.
Bowser se mantuvo firme en la colaboración federal, incluso cuando se le pidió que diera un mensaje a las comunidades hispanas e inmigrantes de DC. Dijo que estaba “devastada por las personas que viven con miedo” y que quería “expresarles como vecina lo mucho que lamenta que vivan con este terror”. Sin embargo, añadió que el problema no se resolvería hasta que Estados Unidos tuviera una “reforma migratoria integral”.
“Creo que cuando finalmente se resuelva esa cuestión, esa será la única forma de lidiar con este temor o con el hecho de que estas agencias persigan a personas que respetan la ley”, afirmó Bowser.
Al mismo tiempo, insistió que la ciudad continúa funcionando con "valores santuarios" para los inmigrantes. Ante una pregunta de El Tiempo Latino, Bowser respondió que la orden del 2020 del Concejo Municipal que proclama a DC como ciudad santuario sigue cumpliéndose: “no hay ningún cambio en la ley”, afirmó.
Una ciudad santuario limita la cooperación entre sus agentes locales y los oficiales federales, sobre todo en la vigilancia de las leyes de inmigración. Con estos límites, la policía local no se ve obligada a colaborar con los funcionarios federales como ICE en sus procesos de detención.
En mayo, la alcaldesa Bowser intentó usar una iniciativa presupuestaria para eliminar las protecciones de ciudad santuario del Concejo. Ahora, la Alcaldía está utilizando otras tácticas indirectas para alejarse de las protecciones de los valores santuarios.
La jefa de policía Pamela Smith ha ordenado directamente al Departamento de Policía Metropolitana (MPD) que comparta información con los funcionarios de inmigración sobre personas que no están bajo su custodia, y ahora pueden hasta ayudar en el transporte de detenidos.
Hay que tener en cuenta que la orden también limita cierta colaboración federal. Agentes del MPD aún no están autorizados a ofrecer información personal a los agentes de inmigración sobre las personas bajo su custodia: su ubicación, dirección, información de identificación personal, fotos u otros datos sobre sus casos penales.
Aun así, cuando El Tiempo Latino preguntó si la orden de la jefa Pamela Smith afectaba la ejecución de los valores de santuario, la directora de policía confirmó que seguirán colaborando con los funcionarios federales, diciendo “seguimos haciéndolo”.
Impacto en DC: Desde las calles a la Casa Blanca
Durante la actualización y el análisis de la federalización, Bowser detalló lo que funcionaba y lo que no dentro de las tácticas actuales utilizadas por la presencia policial, denunciando los esfuerzos más agresivos del ICE y otros agentes enmascarados como difíciles de confiar.
“Lo que sí sabemos es que se ha roto la confianza entre la policía y la comunidad, especialmente con los nuevos colaboradores federales en nuestra comunidad”, afirmó Bowser. “Sabemos que la presencia de agentes enmascarados en la comunidad no ha funcionado”.
Los reporteros de noticieros hispanos preguntaron sobre el impacto humano y económico de las detenciones del ICE, refiriéndose a sus conversaciones con miembros de la comunidad que perdieron sus hogares y empleos por temor a las fuerzas de inmigración.
La cobertura de El Tiempo Latino destacó el patrullaje intensivo en las calles de DC. En estos espacios públicos, no se necesita una orden judicial para la detención federal de repartidores de comida y otros trabajadores que están siendo detenidos con cada vez más fuerza y frecuencia.
Denunciando el cambio de tono de la alcaldesa, los concejales de DC y otros miembros del gobierno local han pedido que se condene “inequívocamente” la federalización, subrayando la importancia de “reclamar” el impacto que tiene en la ciudad.
El concejal de Ward 6, Charles Allen, dijo en sus redes sociales que “los habitantes de Washington están siendo sacados de las calles y acusados de delitos que ni siquiera un jurado (grand jury) podrá castigar, los residentes tienen miedo de salir de casa y los trabajadores tienen miedo de ir a sus empleos. Todo esto mientras arrastran a nuestra ciudad por el barro. Esto está mal. Reclámalo”.
Pero incluso, mientras el gobierno local cumple con las órdenes de la Casa Blanca, sus valores de santuario siguen siendo cuestionados por el gobierno federal.
Poco después del inicio de la federalización, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, emitió una orden en la que atacaba las políticas de santuario de la ciudad e intentaba desmantelar la cadena de mando dentro de la policía de DC. El fiscal general de DC, Brian Schwalb, afirmó que “la orden de Bondi es ilegal y que no existe la obligación legal de cumplirla”, y los tribunales estuvieron de acuerdo con él.
La jueza de distrito Ana Reyes declaró que la jefa Smith, sigue teniendo el control de la policía local. Sin embargo, aún no ha emitido una decisión sobre las directivas de inmigración incluidas en la orden de Bondi. Dado que su impacto práctico está en peligro, esta resolución podría dar el golpe final al estatus legal de DC como ciudad santuario.
