La Guardia Nacional seguirá en servicio en la capital hasta diciembre. Un funcionario militar confirmó a WTOP que la medida busca asegurar que los soldados reciban sin interrupciones su paga y beneficios, algo que solo se garantiza con órdenes superiores a 30 días. Aunque no todos los 950 efectivos de DC continuarán hasta fin de año, la decisión deja claro que la misión no se reducirá pronto.
Un despliegue que se consolida
El funcionario explicó que extender las órdenes evita complicaciones en beneficios como vivienda o atención médica, que pueden sufrir retrasos cuando se renuevan en periodos cortos. A los efectivos de DC se suman 1,334 soldados enviados desde estados gobernados por republicanos, cuya permanencia dependerá de sus gobernadores.
Crece la tensión política
La presencia prolongada de tropas abrió un nuevo frente legal. El fiscal general del Distrito, Brian Schwalb, presentó una demanda para exigir la retirada de la Guardia. Argumenta que el presidente Trump utiliza indebidamente a los militares como fuerza de seguridad local, lo que, según él, atenta contra la autonomía de DC.
Axios informó que la acción judicial contrasta con la postura de la alcaldesa Muriel Bowser, que ha optado por cooperar con el gobierno federal. Esta división interna refleja la dificultad de la ciudad para definir una estrategia común ante la intervención militar.
Respuesta de la Casa Blanca
La fuerza conjunta que supervisa a las tropas y el propio Pentágono remitieron las preguntas sobre la extensión a la Casa Blanca. Desde allí, un portavoz aseguró que el presidente Donald Trump sigue comprometido con la seguridad y estabilidad a largo plazo de la capital.
Señales de un despliegue prolongado
Mandos militares ya preparan reglas sobre descansos y permisos, lo que confirma que prevén un despliegue de largo aliento. En un comunicado, la fuerza conjunta admitió la preocupación existente sobre salarios y beneficios, pero recalcó que la mayoría de los soldados tiene órdenes superiores a 30 días, lo que garantiza el acceso a sus prestaciones. Pero la batalla no solo es logística: en el Congreso, algunos legisladores impulsan propuestas para debilitar la autonomía del Distrito y convertir el cargo de fiscal general en una designación presidencial, lo que pondría en riesgo la posición de Schwalb.
Entre los residentes, la medida despierta sentimientos encontrados. Algunos consideran que la capital vive una militarización que afecta la vida cotidiana, mientras otros defienden la necesidad de mantener presencia federal en un clima político incierto.
