Este miércoles, Washington, DC, llega a un punto crucial. La orden ejecutiva del Presidente Trump, que desplegó la guardia nacional y colocó a la policía local bajo control federal, expira tras 30 días. El mandato se basó en la sección 740 del Home Rule Act, una provisión legal que permite al presidente requerir los servicios de la policía de DC en caso de emergencia, pero que nunca antes se había utilizado para una intervención de esta magnitud. Aunque no se extenderá la federalización, los líderes locales y nacionales iniciaron un debate sobre el futuro de la autonomía en DC y otras ciudades del país.
Cifras y consecuencias de la intervención
El auge federal ha transformado la ciudad, con la presencia de la Guardia Nacional y otras agencias como la DEA, el FBI y la Patrulla Fronteriza. Según la fiscal general Pamela Bondi, se realizaron un total de 1,914 arrestos y se incautaron 198 armas ilegales desde el inicio de la operación. Fox News destacó que la intervención coincidió con una notable disminución de la delincuencia. Datos de la policía metropolitana de DC indicaron una reducción del 45% en los crímenes violentos y un 20% menos de arrestos en comparación con el mismo período del año pasado.
A pesar de las cifras positivas, la federalización tuvo un impacto negativo en la economía local. Las reservaciones digitales en restaurantes cayeron un 25%. Los dueños de negocios dijeron a El Tiempo Latino que la presencia policial “no es buena para el negocio”. Algunos residentes latinoamericanos denunciaron ser perfilados y detenidos, a menudo sin antecedentes penales.
Una lucha por el control y la autonomía
La toma federal de DC provocó una lucha constitucional por la autonomía local. El fiscal general de DC, Brian L. Schwalb, presentó una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional, calificándola de una “ocupación militar involuntaria” que viola el derecho de la ciudad al autogobierno. Por otro lado, la oficina de la fiscal general Bondi defendió la operación, argumentando que su misión es “hacer que la capital de la nación sea segura de nuevo para todos los estadounidenses”.
Aunque el 80% de los residentes de DC se opone a esta presencia federal, una encuesta de AP-NORC reveló que el 53% de los estadounidenses a nivel nacional aprueban la forma en que el presidente ha enfrentado la delincuencia, siendo su mejor índice de aprobación en todos los temas encuestados.
En los barrios más afectados por el crimen, como Anacostia, los residentes tienen sentimientos encontrados. Aunque Mable Carter, de 82 años, dice que necesita protección, ella prefiere que sea la policía local bajo la dirección de la Jefa Pamela Smith. Vernon Hancock, un anciano de la iglesia, considera que las acciones del presidente son una prueba, ya que “Washington, DC, es fácil porque es federal y él tiene la autoridad para hacer lo que está haciendo”.
¿Un precedente para otras ciudades?
Aunque la toma de control de la policía local no se extenderá, el debate sobre el control de DC no termina aquí. Los líderes de la Cámara de Representantes no planean votar para extender la orden de emergencia. Sin embargo, se espera que el Congreso considere otras medidas que podrían aumentar el control federal sobre la ciudad. Entre ellas, una ley que eliminaría el cargo electo del fiscal general de DC y lo reemplazaría con un nombramiento presidencial. Expertos advirtieron a Politico que esta federalización es una prueba legal de hasta dónde la administración puede desplegar fuerzas federales en otras ciudades con alta criminalidad como Chicago y Baltimore, especialmente donde los líderes locales no apoyan al presidente.
La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, demostró una resistencia medida, criticando el despliegue de la Guardia Nacional y el ICE, pero también dando la bienvenida a la colaboración con el FBI y la Policía del Parque de EEUU. Su mensaje a Washington fue claro:
“Tenemos un marco para solicitar o usar recursos federales en nuestra ciudad. No necesitamos una emergencia presidencial”.
El fin de la federalización de DC cierra un mes de tensiones y cambios, dejando un legado de cifras contrastantes y un debate abierto sobre la autonomía de la ciudad. Aunque el control vuelve a la policía local, el precedente establecido por la administración Trump sienta las bases para futuras intervenciones federales en otras ciudades del país. La batalla por la autonomía de Washington, DC y de otras metrópolis con líderes locales opuestos al presidente, recién comienza.
