Por Amy Loyd, Presidenta y CEO, All4Ed
En todo nuestro país, el espectro de la aplicación de las leyes de inmigración está alejando a estudiantes latinos de la escuela. Desde Georgia hasta Illinois y Arizona, el temor a redadas—no solo políticas abstractas—interrumpe de manera concreta la educación, profundizando la carga académica y emocional que ya impuso la pandemia.
Bajo administraciones anteriores, Immigration and Customs Enforcement (ICE) evitaba escuelas, hospitales y lugares de culto. Esas protecciones de “lugares sensibles” ofrecían una base de seguridad. Pero la administración Trump rescindió esa política, permitiendo explícitamente la aplicación de la ley migratoria en las escuelas. Ese cambio destrozó la confianza comunitaria y puso en peligro a estudiantes vulnerables.
Mientras tanto, el ausentismo crónico sigue siendo alarmantemente alto. A nivel nacional, las tasas se dispararon tras la pandemia. Los estudiantes que faltaron al menos al 10% del año escolar aumentaron del 15% en 2018-19 a casi 29% en 2021-22. Aunque las tasas han disminuido ligeramente desde entonces, permanecieron en 23.5% en 2023-24 —lo que significa que hoy casi 11 millones de estudiantes de escuelas públicas están crónicamente ausentes.
En San Antonio, educadores reportan que la preocupación por ICE genera tal ansiedad palpable que los estudiantes se quedan en casa, llevan actas de nacimiento a la escuela “por si acaso”, y las familias deciden evitar eventos y actividades escolares que podrían beneficiar a sus hijos. Mientras tanto, en Fort Worth, el llamado público de un maestro sustituto para que ICE entrara a su escuela generó miedo y ausencias en un distrito escolar predominantemente hispano.
En Washington, D.C., el inicio del año escolar ha estado marcado por la toma federal de la policía local y una mayor presencia de la Guardia Nacional y de ICE. Los estudiantes están cambiando sus rutas de transporte para evitar zonas donde se han visto patrullas migratorias, y los padres organizan rondas de voluntarios en los caminos escolares, especialmente cerca de escuelas con grandes poblaciones latinas e inmigrantes.
Estas interrupciones no se limitan a las grandes ciudades. La investigación muestra que incluso acciones de aplicación de la ley más sutiles pueden provocar fuertes caídas en la asistencia. Un estudio dirigido por Stanford encontró que las redadas migratorias en el Valle Central de California provocaron un aumento del 22% en ausencias estudiantiles, especialmente entre niños pequeños. De manera similar, un estudio del American Immigration Council encontró que tras una redada en un lugar de trabajo, el ausentismo aumentó drásticamente, causando retrocesos académicos y descensos a largo plazo en la matrícula.
Los estudiantes latinos son especialmente vulnerables. En distritos cercanos a sitios de deportación, investigadores encontraron que aumentaron las brechas de asistencia y rendimiento en matemáticas entre estudiantes latinos y blancos. Además, se estima que 620,000 estudiantes indocumentados de K-12 en todo el país, más casi 4 millones de niños ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados, enfrentan un riesgo mayor de interrupción educativa.
El ausentismo crónico no solo se trata de lo académico: también daña el crecimiento emocional, la estabilidad escolar y el financiamiento. Cada ausencia estudiantil puede repercutir en todo un salón de clases, erosionando el aprendizaje de todos. Numerosos estudios relacionan el tiempo perdido en la escuela con tasas más altas de ansiedad, desconexión y retrocesos a largo plazo. Y esto afecta la capacidad de nuestros jóvenes de construir futuros brillantes para ellos mismos y sus familias, dañando en última instancia a nuestras comunidades, a nuestra futura fuerza laboral y a nuestra economía.
Debemos responder:
- La administración Trump debe restablecer las protecciones de lugares sensibles para resguardar escuelas, hospitales, lugares de culto y guarderías de la aplicación migratoria y restaurar la confianza.
- Declarar y comunicar a las escuelas como “zonas seguras”. Los distritos deben aclarar—en español, inglés y cualquier otro idioma representado en sus comunidades—que ICE no ingresará al plantel sin una orden judicial federal y colaborar con voceros comunitarios de confianza para disipar los temores.
- Invertir en un aprendizaje seguro e inclusivo. Las escuelas deben aumentar el acceso a apoyo de salud mental, consejeros y atención informada en trauma, especialmente en distritos con grandes poblaciones latinas.
- Garantizar el derecho a la educación de cada niño. Plyler v. Doe garantiza el acceso escolar sin importar el estatus migratorio. Necesitamos que líderes federales y estatales mantengan este principio fundamental.
Cuando los estudiantes se quedan en casa por miedo, todos perdemos. Las comunidades pierden a futuros líderes. Las escuelas pierden financiamiento basado en la asistencia. Y lo más importante, los niños pierden aprendizaje vital, apoyo emocional y sentido de pertenencia.
La decisión que tenemos por delante es clara: podemos permitir que el miedo y la intimidación vacíen nuestras aulas, o podemos defender la promesa de la educación pública como un refugio seguro para cada niño. Proteger a las escuelas de la aplicación migratoria no es solo un tema de política pública: se trata de quiénes somos como nación.
Si creemos en la dignidad de cada niño, entonces las escuelas deben ser santuarios de confianza y oportunidad, no lugares de miedo. Restaurar esa promesa requiere valor de nuestros líderes y claridad de nuestras comunidades.
Porque cuando protegemos a nuestros estudiantes, estamos protegiendo el futuro de este país. Y no hay un futuro que valga la pena construir que deje a los niños con miedo de aprender.
