El Congreso de Estados Unidos está debatiendo una polémica propuesta que permitiría juzgar a jóvenes de 14 años como adultos por ciertos delitos en Washington DC. Esta medida, que busca transferir la jurisdicción de la fiscalía local a la Oficina del Fiscal de EEUU en el distrito, ha encendido la controversia y puesto en jaque el autogobierno de la capital. La fiscal de EEUU para DC, Jeanine Pirro, respalda la iniciativa, argumentando que los menores involucrados en crímenes graves "deben ser llevados a la corte criminal para ser procesados".
El debate legislativo se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en DC, donde a nivel local ya se implementan medidas como el reciente toque de queda temporal en el vecindario de Navy Yard, que prohíbe las reuniones de grupos grandes de menores a menos que estén acompañados por un adulto o participen en actividades específicas.
Argumentos a favor y en contra
Quienes apoyan esta legislación citan estadísticas de la policía de DC que muestran que casi la mitad de los robos en el Distrito este año son responsabilidad de menores de 18 años. El representante de Texas, Brandon Gill, argumenta que la medida es necesaria para combatir el "anarquismo de izquierda" que, según él, permite a los criminales aterrorizar a la población.
Por su parte, opositores como James Dold, director ejecutivo de Human Rights For Kids, advierten que procesar a menores en el sistema para adultos tiene efectos negativos en la seguridad pública a largo plazo. Según Dold, esta práctica aumenta la reincidencia y deteriora la vida de los jóvenes. A pesar de la oposición casi unánime de los funcionarios electos de DC, estos no tienen el poder para detener la legislación, ya que la Constitución otorga a los legisladores federales la autoridad sobre la capital.
Proyectos de ley que afectan a DC
WUSA9 reseñó que este proyecto de ley es parte de un conjunto de cuatro propuestas que buscan endurecer las leyes penales de DC. Las otras iniciativas incluyen:
- Reformar el nombramiento de jueces: se eliminaría la comisión local de nominación judicial, dando al presidente de EEUU la autoridad exclusiva para designar a los jueces de la ciudad.
- Persecuciones policiales: se permitiría a la policía participar en persecuciones vehiculares, revocando la política actual que restringe esta práctica.
- Derogar leyes de rehabilitación: se anularían partes de la Ley de Rehabilitación Juvenil y otras leyes relacionadas.
La falta de audiencias formales con funcionarios y ciudadanos de D.C. para debatir estos proyectos ha sido un punto de fuerte crítica. Estas propuestas se consideran una extralimitación de la autoridad federal y un menoscabo al autogobierno de la capital.
