La muerte de Charlie Kirk desató una reacción política que, en este punto, no sabemos si fue imaginable o nunca imaginable. En cuestión de días, decenas de personas —desde empleados públicos hasta pilotos de aerolínea— han sido despedidas por comentarios en redes sociales sobre su asesinato.
Y no solo quienes celebraron la violencia: también quienes criticaron su legado o compartieron sus frases polémicas han sido señalados como “cómplices” por influencers MAGA. Lo que antes se denunciaba como cancel culture progresista hoy tiene su versión conservadora, impulsada desde el poder.
Conservatives loves free speech so much they want to keep it all for themselves. pic.twitter.com/KsSnpPYjd9
— 𝕊𝕦𝕟𝕕𝕒𝕖_𝔾𝕦𝕣𝕝 (@SundaeDivine) September 14, 2025
Marco Rubio anunció que las revocaciones de visas para extranjeros que “celebraron” la muerte de Kirk ya están en marcha. El Departamento de Estado, según él, no permitirá que “visitantes que aplaudan asesinatos políticos” permanezcan en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la Fundación Charlie Kirk Data asegura haber recibido más de 63,000 denuncias de mensajes en redes y presiona para que haya consecuencias. Es una respuesta que mezcla luto con disciplina ideológica, y que abre un debate profundo sobre hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la “civilidad”.
La Attorney General Pam Bondi encendió aún más el debate al afirmar que “el hate speech no tiene lugar” y que su oficina “irá tras” quienes lo promuevan. Tras la crítica de juristas y medios conservadores, aclaró que solo se perseguirán amenazas reales, no opiniones.
La Primera Enmienda, recordaron grupos como la Fundación para los Derechos Individuales, no tiene excepción para el “discurso de odio”. Pero, en la práctica, la presión política está convirtiendo a empresas y agencias en jueces del pensamiento, sin que medie un delito.
El giro es evidente: quienes construyeron su identidad política sobre la defensa del libre discurso ahora trazan líneas y aplican consecuencias, igual que antes criticaban en otros. La pregunta es incómoda pero inevitable. ¿es esta una reacción comprensible ante un asesinato político o un precedente que redefine la libertad de expresión? Esto puede terminar como un capítulo más en la historia de cómo, en América, el libre discurso sigue siendo absoluto, hasta que deja de serlo.
